La franja electoral secuestrada
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha expedido un reglamento que regula los contenidos de los spots de la franja electoral en las Elecciones Generales y Primarias. Bajo el pretexto de “ordenar” la comunicación política, esta norma encubre un mecanismo de censura que atenta directamente contra la libertad de expresión y el pluralismo democrático, pilares esenciales de cualquier proceso electoral auténtico.
Los partidos políticos tienen el derecho y el deber de expresar sus ideas, propuestas y críticas sin cortapisas. La franja electoral no debe convertirse en un espacio esterilizado ni controlado desde un escritorio burocrático. Condicionar los mensajes, limitar sus alcances o censurarlos por criterios discrecionales equivale a sustituir el juicio del ciudadano por la voluntad de funcionarios administrativos. Se trata de una visión paternalista y peligrosa que reduce el debate público en lugar de ampliarlo.
Conviene recordar que fui el promotor de la creación de la franja electoral en el marco de la Mesa de Diálogo auspiciada por la OEA. La concebí como un mecanismo destinado a garantizar igualdad de acceso a los medios de comunicación para todos los partidos, especialmente los de menor capacidad económica, frente a las grandes maquinarias electorales. La esencia de la franja era democratizar la comunicación política, no sofocarla con prohibiciones y controles que la desnaturalizan por completo.
La diferencia es clara. Mi propuesta apuntaba a ampliar derechos, asegurar espacios gratuitos y balanceados, y permitir que el ciudadano escuche todas las voces para decidir con libertad. El reglamento de la ONPE, en cambio, restringe derechos, reduce la capacidad de expresión de los partidos y abre la puerta a interpretaciones arbitrarias. Bajo esta lógica, la autoridad electoral se arroga funciones de censor que la Constitución no le otorga.
La libertad de expresión en campaña tiene límites claros ya establecidos en la Carta Magna y las leyes, como la prohibición de incitar a la violencia, al odio o al racismo. No corresponde que una oficina administrativa invente criterios adicionales para coartar la palabra política. En democracia, los límites los pone la ley y el discernimiento ciudadano, no la censura estatal.
La ONPE debe rectificar esta decisión y devolver la franja electoral a su sentido original: un espacio de igualdad y libertad al servicio de la voluntad popular. Solo así la democracia peruana podrá fortalecerse con más debate, más propuestas y más verdad.
(*) Presidente de Perú Acción
Presidente del Consejo por la Paz
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