La fuga de un sicario y el “gran bonetón”
Hace más de cuatro semanas, Rubén Moreno Olivo, alias “Goro”, miembro de la red criminal del ex presidente regional de Áncash César Álvarez, salió del establecimiento penitenciario donde estaba recluido, con una orden de arresto domiciliario, por un proceso abierto donde se había excedido el plazo de la prisión preventiva, no obstante que sobre él ya existía una sentencia de 25 años de pena privativa de libertad, confirmada por la Corte Suprema, por intento de homicidio. Como ya es conocido, el sicario ha sido recapturado en una operación que ha requerido un doble e innecesario gasto en recursos humanos y logísticos y, lo más preocupante, 31 días de angustia para la familia Nolasco y la desprotegida población.
¿Qué pasó cuando se confirmó la prisión definitiva para “Goro” hace algunos años? ¿Se la inscribió o no en el registro del INPE? La respuesta institucional, por parte del Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, fue la de responsabilizarse mutuamente. Es como recurrir a un conocido juego de niños, donde el estribillo para salir de un embrollo es: "No fui yo, fue el gran bonetón". Y con seguridad, hay muchísimos casos como el descrito.
Volvemos a preguntar: ¿Por qué seguimos con esta falta de coordinación burocrática informativa entre las entidades del sistema de justicia y del sistema penitenciario? La respuesta, entre otras, podemos encontrarla, en la desidia institucional para activar una articulada política criminal. Y no es por falta de legislación.
En efecto, el año 2011 en el Parlamento impulsamos con mucho entusiasmo la creación del Consejo Nacional de Política Criminal-Conapoc, presidido por el Ministro de Justicia e integrado por el Presidente del Poder Judicial, el Presidente de la Comisión de Justicia y DDHH del Congreso, el Fiscal de la nación, el Ministro del Interior, entre otros, con la finalidad de analizar el fenómeno social del delito y coadyuvar a la aprobación de medidas concertadas para combatirlo. Esto quedó plasmado en La Ley N°29807.
Precisamente, en el artículo 7° de esa norma legal, se establece que el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el INPE, informan trimestralmente, entre otros aspectos, sobre las excarcelaciones y el número de internos que salen de los penales indicando el motivo, preceptuando también que dicha información no tiene carácter de reservada, debiendo ser publicada en los portales de transparencia de las entidades que las otorgan.
Han transcurrido casi nueve años y esta ley no se cumple. Incluso, el propio ministro de Justicia, ha informado que el Conapoc se encuentra desactivado desde hace dos años. Ha prometido relanzarlo. Ojala sea así, pues sin una eficaz articulación institucional del sistema de justicia y penitenciario, continuarán las fugas de más sicarios como “Goro”.
OCTAVIO SALAZAR
