La gestión corrupta de Susana Villarán que Lima va a pagar

El escándalo de los peajes en Lima Metropolitana, que se origina con la entrega de once millones de dólares de Odebrecht a la entonces alcaldesa Susana Villarán, evidencia las profundas raíces de la corrupción en el ámbito de la infraestructura y la gestión pública. Pero la magnitud del daño causado a los peruanos, especialmente a los más pobres, no se limita a esa cifra. Detrás de cada transacción corrupta y de cada acto de soborno hay un sistema más amplio de malversación de fondos que afecta no solo las finanzas públicas, sino también la confianza de los ciudadanos en sus líderes e instituciones.

Para comprender el verdadero alcance del delito cometido en el contrato de peajes, es crucial considerar el panorama completo. Comenzando con el cálculo básico del ingreso generado por los peajes, podemos vislumbrar la escala del problema. Con una tarifa de dos dólares por vehículo y 250,000 vehículos pasando por el peaje diariamente, los ingresos anuales alcanzan la cifra de $182’500,000. Extrapolando esto a un período de diez años, el ingreso total asciende a $1,825’000,000.

Como son ingresos mal habidos, obtenidos con coimas, no hay responsabilidad de parte de Odebrecht, ahora Rutas de Lima, de ofrecer un buen servicio o mejorar la infraestructura; para eso le dieron once millones de dólares a la alcaldesa. La consecuencia es que ese ingreso potencial no se traduce en beneficios tangibles para la ciudad y sus habitantes. La corrupción infiltrada en el sistema de contratación y gestión de proyectos de infraestructura socava la eficiencia y la transparencia.

Contratos inflados, licitaciones amañadas y sobornos a funcionarios públicos son sólo algunas de las prácticas corruptas que distorsionan el proceso y desvían fondos públicos hacia bolsillos privados. La Contraloría ha estimado cuánto se pierde cada año por la corrupción y las cifras son de terror. La visión del actual alcalde de Lima de convertir a nuestra ciudad capital en potencia mundial sería una meta alcanzable si no fuera por la corrupción y falta de integridad de la gestión de Susana Villarán.

Los once millones de dólares que recibió Susana Villarán es la punta del iceberg. Detrás de esta transacción específica hay un entramado de intereses corruptos que se extiende a lo largo de toda la cadena de suministro y gestión de proyectos. Desde empresas constructoras hasta funcionarios gubernamentales, cada actor involucrado tiene su parte en el delito. Así fue como la refinería de Talara pasó de un presupuesto de menos de mil millones de dólares a otro de más de seis mil quinientos.

El impacto de este desvío de fondos va mucho más allá de las cifras en los informes financieros. Se traduce en obras de infraestructura deficientes, retrasos en los proyectos, costos adicionales para los contribuyentes y una pérdida general de confianza en el gobierno y en las instituciones. Los ciudadanos pagan el precio ya sea a través de peajes más altos, impuestos adicionales o servicios públicos deficientes.

La lucha contra la corrupción no es sólo una cuestión de ética. Es una cuestión de justicia social y desarrollo sostenible. Cada dólar desviado hacia la corrupción es un dólar menos para la educación, la salud, la infraestructura y otros servicios vitales que benefician a la sociedad en su conjunto. Es un obstáculo en el camino hacia un futuro más justo y próspero para todos.

Para abordar este problema de manera efectiva, se necesitan medidas integrales que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y el estado de derecho. Esto incluye reformas en los sistemas de contratación pública, una mayor supervisión de los procesos de licitación y una cultura de integridad arraigada en todas las instituciones públicas y privadas que, tristemente, es lo que más nos falta.

En resumen, la pérdida real por el contrato corrupto de los peajes en Lima va mucho más allá de los 11 millones de dólares destinados a la campaña de Susana Villarán. Representa una erosión sistémica de la confianza pública, una pérdida de recursos vitales y un obstáculo para el desarrollo sostenible. Solo mediante un compromiso decidido con la transparencia y la integridad podemos esperar revertir esta tendencia y construir un futuro más justo y próspero para todos.

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