La gran farsa

Debemos decirlo claramente, sin soslayar ni edulcorar una dramática realidad: el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) constituye un estrepitoso fracaso diplomático, una patética referencia a la inoperancia y degradación del más alto organismo mundial, cuando no una plataforma al servicio de siniestras tiranías que escarnecen a sus pueblos.

Sus 47 integrantes, elegidos entre 194 Estados, son responsables de cautelar el cumplimiento de normas humanitarias consagradas en la Carta de la ONU y en el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles.

Eso dice la proclama, la teoría, el compromiso escrito en bellas declaraciones, que contrasta con la existencia de gobiernos con asiento en ese Consejo que asesinan, encarcelan o torturan impunemente a sus ciudadanos.

Son gobiernos que, asimismo, cuentan con fardos de expedientes sobre violaciones a los derechos humanos, elaborados por la propia ONU o por la OEA y que están encausados en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, como es el caso de Venezuela.

Lo decimos porque 3 meses y 12 días después del lapidario informe presentado el 5 de julio de 2019 por la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, señora Michelle Bachelet, la Asamblea General votó a favor que el régimen de Maduro ocupe una silla en el Consejo. Es decir, encomendó esa tarea a un dictador a quien la propia ONU había imputado 5,700 ejecuciones extrajudiciales solo el año 2018 y “torturas con aplicación de corriente eléctrica, asfixias y simulacro de ahogamiento, palizas,violencia sexual, privación de agua y comida y exposición a temperaturas extremas”.

También de no proporcionar medicinas y alimentos a sus habitantes, del éxodo de millones de personas, de clausurar medios de prensa, perseguir periodistas, someter políticamente a la fiscalía, a los tribunales de justicia, al Tribunal Electoral y a la Defensoría del Pueblo, así como de manipular a las fuerzas armadas y a la policía para que ejecuten acciones ilegales, contando para esa tarea con el apoyo de sicarios, llamados “colectivos bolivarianos”, que aporrean y disparan contra manifestantes de oposición.
¿Alguien en su sano juicio puede entender que la ONU honre a un sistema totalitario causante de innumerables desgracias?¿Es ético permanecer en ese foro y así legitimar una tiranía?

O, como sostuvo el director ejecutivo de la prestigiada UN Watch, Hillel Nauer, “para los regímenes tiránicos ganar un puesto mundial en derechos humanos constituye una estampilla de legitimidad” y, agrega, a partir de este año el 68.1% de miembros del Consejo están involucrados en esos graves delitos. (Infobae 01/O1/222)
En ese contexto es fácil entender por qué el CDH no dice una palabra ante las palizas y prisiones de manifestantes cubanos que demandan democracia o por qué mantiene deplorable silencio ante las tropelías del gobierno nicaragüense.

Para encubrir la barbarie no solo están en el CDH cubanos y venezolanos sino otros depredadores políticos como Mauritania, una república Islámica que aplica la ley Sharia, condena a pena de muerte a los homosexuales y registra 500 mil esclavos; o Somalia, que ostenta el triste récord de 95 % de niñas mutiladas en sus genitales y miles de personas violadas.

Por eso pensamos que haría bien el Gobierno peruano en denunciar esa gran farsa, planteando su reforma integral, de tal modo que ese organismo lo integren prestigiosos defensores de derechos humanos o retirarse del mismo, agregando que ese foro también gasta parte de los 200 millones de dólares anuales asignados al sistema humanitario.

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