La guardia pretoriana de Castillo
¿Cuál es el alegato del gobierno para armar a grupos paramilitares y aparte, constituir una policía paralela? ¿Cuál es la desesperada urgencia para hacerlo, precisamente en estos tiempos de convulsión política; de malestar social por el disparado costo de vida; y de generalizada inestabilidad social producto de la destructiva ineptitud del régimen Castillo; al extremo que ha llevado al país al borde de la anomia y, consecuentemente, del caos? ¿Qué hay detrás de semejante iniciativa elaborada por algún laboratorio de la inteligencia cubana/venezolana? La respuesta más clara es para imponernos unas milicias de características extremistas, que neutralicen a la Policía Nacional a manera de mecanismo de control politizado de la ciudadanía. Una norma peligrosa nacida del poder Ejecutivo, y promulgada con clara nocturnidad por un Congreso que ya maneja el gobierno a través de sus mosqueteros de Acción Popular, Alianza para el Progreso y Podemos. Ambos junto a las huestes comunistas de los cerrones, bermejo, bellidos; los morados y otros ejemplares de nuestra politiquería socialconfusa, han decidido que una milicia ciudadana brinde servicios de seguridad vía unos comités de autodefensa CAD que, a partir de ahora, recibirán armamento proporcionado por el Estado.
¡Calco y copia de los entes paramilitares que mantienen a raya a las sociedades de Cuba y Venezuela! De acuerdo a esta flamante, peligrosa ley revolucionaria, los comités de marras serán “organizados por la población, y surgirán espontánea y libremente para desarrollar actividades de autodefensa de su comunidad. Además estarán dedicados a la lucha contra la infiltración y ataques terroristas, la violencia generada por el tráfico ilícito de drogas, y los delitos vinculados a la inseguridad ciudadana”. Estas milicias actuarán “en apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en coordinación con los gobiernos locales y regionales, para logra la pacificación y seguridad nacional”.
No es indispensable ser profeta para entender que lo que acaban de formalizar ambos poderes del Estado son unos escuadrones paramilitares de cataclísmicas propiedades antidemocráticas, armados/apertrechados por el Estado bajo el supuesto de controlar “la inseguridad ciudadana y lograr la pacificación nacional”. ¡Todo lo contrario, amable lector! Los comités de autodefensa actuarán como siniestros agentes dirigidos desde palacio de gobierno para “neutralizar” el más ínfimo asomo de descontento, y todo tipo protesta y reclamos sociales. Manifestaciones que apoya plenamente la Constitución vigente, que este desgobierno procura sustituirla por otra de características idénticas a la cubana y/o venezolana.
La única receta para combatir la sideral inseguridad ciudadana que adrede alienta este régimen, es preparar debida y profesionalmente a la Policía Nacional; y colocar en el sector Interior a ministros, a directores y funcionarios profesionales, especializados en controlar el crimen y brindarle seguridad a la sociedad. Como sucede en megaurbes como Madrid. Recordemos que la Policía peruana –forjada gracias a la colaboración de una Misión española contratada por el entonces presidente Leguía– ha sido uno de los mejores cuerpos policiales del continente. Con esos multimillonarios recursos que pretende dilapidar el gobierno comunista/senderista de Castillo para imponernos una “guardia pretoriana”, el Estado debería recomponer a la Policía Nacional.
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