¡La hora de los verdaderos parlamentarios!

La incompetencia, sumada a la desidia, la prepotencia y el envanecimiento que transmite el todavía fiscal José Domingo Pérez Gómez, siguen generando enormes problemas al Perú debido a la catarata de errores que comete este sesgado e inestable sujeto, vestido de fiscal, en su desesperación por aplicar retorcidos procedimientos coercitivos para lograr sus malsanos propósitos.

Según información publicada ayer por este diario, debido a serias deficiencias del díscolo fiscal José Domingo Pérez, la Tercera Sala de Apelaciones Nacional le ha devuelto todos los beneficios de la colaboración eficaz al delincuente Jorge Barata, tras declarar “Fundada en parte la decisión del colegiado que anuló la resolución del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria”. Al respecto, el abogado César Nakazaki explicó que el Ministerio Público no respetó la etapa del “trato directo” en el caso Barata, durante la cual, en un período de 90 días, el fiscal debe dialogar con el imputado para intentar llegar a un acuerdo antes de tomar acciones judiciales. Este proceso fue incumplido por el ultra sesgado fiscal Pérez Gómez, añadiendo una tacha más a su largo historial de taras, incontinencia verbal y actitud despótica hacia los procesados, algo absolutamente inaceptable para alguien que dice representar el sistema de justicia peruano.

Como consecuencia de su histrionismo perverso y notable ineptitud profesional —demostrada en la mayoría de los casos en los que ha intervenido el fiscal Pérez—, el Estado peruano ha terminado perjudicado, maltratado y desacreditado por el sinfín de errores, engaños y distorsiones originadas por el teatral José Domingo Pérez.

El más reciente error de Pérez está relacionado con la sentencia explicada líneas arriba, en la que insiste en la plena vigencia del acuerdo secreto suscrito entre él y Odebrecht. Desde esta columna, hemos exigido hace años su desclasificación inmediata. El Congreso de la República debe legislar para evitar que el Estado peruano siga siendo el único en pagar las consecuencias, mientras Odebrecht y sus socios locales van quedando liberados de toda condena, tanto carcelaria como indemnizatoria, y el Estado asume la pérdida de muchísimos miles de millones de dólares robados por esta constructora en connivencia con sus asociados locales.

Si nuestros consabidos parlamentarios realmente expresan su preocupación y rigor cuando se “indignan” ante cualquier tontería, entonces es hora de que actúen con esa misma rigurosidad y aprueben la desclasificación de este pacto secreto suscrito con Odebrecht, que los fiscales Vela Barba y Pérez Gómez siguen manteniendo bajo siete llaves.

¡De por medio están en juego entre diez y quince mil millones de dólares, señores parlamentarios!

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