La hora del TC
Unos renglones previos, aunque parezca una perogrullada. El fin del Tribunal Constitucional (TC) es ser el supremo órgano de control jurisdiccional de la constitucionalidad en el país y el máximo intérprete de la Constitución.
En tal condición, es de su competencia garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales de la persona; proteger y defender su respeto y observancia por parte de los poderes y organismos del Estado; dirimir las contiendas de competencia entre las entidades del aparato estatal, velando por el debido ejercicio de las mismas y, por supuesto, asegurar la constitucionalidad del ordenamiento legal, expulsando total o parcialmente de la legislación las leyes y normas con rango legal que sean contrarias al mandato de la Carta Magna.
Sin embargo, el TC no actúa por impulso de oficio sino a petición de la parte agraviada que promueve los procesos previstos en la Carta y en el Código Procesal Constitucional. Finalmente, sus sentencias vinculantes y de última instancia agotan la jurisdicción nacional y son de obligatorio cumplimiento y observancia por el Estado de capitán a paje. Demás está decir que, siendo todavía el Perú un Estado constitucional y democrático de derecho -a pesar de las falencias-, lo que resuelva el TC es como lo que mandaba Roma en los tiempos en que imperaba en el mundo.
Ahora, ¿a qué viene toda esta perorata? Muy sencillo y patético. El desmadre que padece hoy el sistema de justicia (léase, Poder Judicial, Ministerio Público y Junta Nacional de Justicia), y que de paso arrastra en el enfrentamiento a los otros dos poderes de la República por distintos motivos sin conciliación a la vista, ha llegado a tal punto –incluso con repercusión internacional–, que si el TC no contribuye como debe a poner ya orden en la casa, mejor será que se empiece a pensar en cerrar la Casona de Pilatos y sus otras sedes y que se declare al Perú de vacaciones constitucionales. La pelotera es intolerable y su principal víctima es la seguridad jurídica, inocultable aquí y acullá.
La verdad, o somos un Estado constitucional de veras o el prostíbulo –por usar un eufemismo– que mentó el historiador Pablo Macera. El TC tiene la palabra que hace rato la mayoría de los ciudadanos demócratas aguarda. Tribunos, no defrauden y háganse respetar. ¡Amén!
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