La ilegitimidad de la legalidad de la confianza

Las decisiones políticas, como las que se derivan de los acuerdos congresales, son legales o ilegales y legítimos o ilegítimos, razón por la cual resulta pertinente recordarlo en circunstancias en las que el actual gabinete ministerial ha recibido la ratificación de la confianza por parte de la mayoría parlamentaria.
Debe entenderse por legalidad cuando la decisión se ajusta a las normas legales vigentes, independientemente que se pueda estar o no de acuerdo con lo que ellas prescriben al momento de tomarse la decisión. En consecuencia, como es obvio, si al decidir no se observa o cumple lo que se encuentra debidamente regulado, estamos frente a que el acto es ilegal.
De acuerdo al mandato constitucional, es obligación del equipo ministerial que, dentro de los treinta días posteriores de haber juramentado, tenga que presentarse ante al Congreso y, por intermedio del presidente del Consejo de Ministros, debe “exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza”.
El procedimiento se cumplió dentro de los parámetros establecidos en la Constitución y de conformidad a lo regulado por el Reglamento Interno del Congreso; en consecuencia, tanto la presentación como la decisión del Congreso son actuaciones legales.
En cambio, la calificación de legitimidad del acto político es la valoración que hace la ciudadanía de la decisión. Si la opinión pública, mayoritariamente, coincide o sintoniza con ella, la cual puede ser legal o ilegal, termina siendo legítima; pues, está de acuerdo con lo que desea la población nacional. Por cierto, si el sentimiento de la ciudadanía es contrario a la actuación del gabinete ministerial y del Parlamento, se debe de calificar como ilegítima.
Luego de escuchar el mensaje presidencial, inaugurando su mandato, el profesor Castillo hizo una exposición que, en su momento la calificamos como discurso de campaña electoral y no de una autoridad que estaba asumiendo una delicada responsabilidad; en consideración a que el contenido del mensaje estaba lleno de generalidades sin especificar cómo se iba a enfrentar la atención de los problemas coyunturales más apremiantes que tiene nuestro país.
En todo caso, había la esperanza que el primigenio Consejo de Ministros que inauguraba su mandato, en la presentación de la política general del gobierno, diga lo que no dijo el presidente de la República en su momento. Pero, para desconsuelo de la opinión pública, la exposición del presidente del gabinete ministerial fue más de lo mismo. Es decir, las generalidades y buenos deseos son los que llenaron el contenido de su presentación, sin llegar a precisar el cómo se va a ejecutar todo aquello que se ofrece.
A decir del propio ministro encargado del sector económico, se calcula que para este año se requieren 12,500 millones de soles para ejecutar las medidas del gobierno, entre las cuales de seguro están la repartición de canastas de víveres a la población necesitada así como la entrega de bonos al sector directamente afectado por los efectos económicos del covid-19.
Al no precisarse cómo, planificadamente, se van a conseguir esos 12,500 millones de soles para financiar esas ofertas gubernamentales, enamorando así a la población nacional, terminan siendo ofrecimientos únicamente populistas, orientados a recibir apoyo ciudadano y nada más.
La percepción de la población, en su gran mayoría, entiende de que, tanto por el lado del Poder Ejecutivo como del Congreso de la República, no se está procediendo cómo se quiere y menos cómo se debe. En consecuencia, el haber otorgado la confianza al Consejo de Ministros, bajo las condiciones actuales, podrá ser legal pero carece de legitimidad; por lo tanto, es una decisión política ilegítima.
Este desencuentro entre la legalidad y la legitimidad, en el que hoy día nos encontramos, produce un desconcierto ciudadano que genera, a su vez, una inestabilidad política; y eso es lo que se debe de evitar.

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