La inclusión que excluye
Margarita es una madre de 68 años al cuidado de su hijo que padece una discapacidad severa. Ambos sobreviven en un asentamiento humano, allá donde el Estado les niega su derecho a servicios básicos, en un cerrito olvidado que Margarita aprendió a bajar con Maximiliano en su silla de ruedas para poder vender los mantelitos bordados con la poca vista que le queda. Ganar veinte soles al día es su meta, es la apuesta diaria de comer o no porque para las medicinas de su hijo no alcanza.
Así como el hogar de Margarita, miles de peruanos deberían estar registrados en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) que identifica a las personas o grupos poblacionales en situación de pobreza, vulnerabilidad o exclusión, para ser beneficiarios de los programas sociales. Sin embargo, no es nueva la crítica a este sistema por su deficiente focalización. Se pueden ensayar diversas explicaciones para la filtración de beneficiarios, desde la metodología de análisis cruzado del Padrón General de Hogares, la burocracia interna del MIDIS que afecta la actualización del registro. Lo que no podemos evitar es señalar la importancia de contar con un sistema que permita a la población vulnerable o en extrema pobreza acceder de forma directa al padrón SISFOH.
Según la ENAHO 2021, la pobreza monetaria alcanzó al 25.9% de la población del país siendo mayor en 5.7% puntos porcentuales en relación al 20.2% del 2019 (prepandemia). El acceso a programas sociales de carácter alimentario o no alimentario no supera el 57% de los hogares pobres. Sin embargo, tras la pandemia, no se cuenta con un estudio actualizado que visibilice no solo la situación de pobreza sino la doble vulnerabilidad como en el presente caso, una adulta mayor y su hijo con discapacidad que no accedieron a los programas que por ley les corresponde.
Si Margarita quisiera acceder hoy al Padrón SISFOH y registrarse, primero debería ir a una cabina de internet (su casa no cuenta con este servicio) pagar por el tiempo que demore el registro y, peor aún, grande sería su decepción, pues en su página web sale un aviso que a la letra dice: “una vez que se haya levantado el Estado de Emergencia Nacional y se haya reiniciado el proceso de determinación de la CSE, se le recomienda presentar el formato S100” y adicionalmente otros requisitos, para lo cual debe generar un ticket de atención en línea y esperar entre 25 a 40 días hábiles. Así de dolorosa se siente la inclusión para una anciana y su hijo con discapacidad, situación que se repite a diario, que trae una amarga resignación ante un Estado que ciertamente los convierte en invisibles.
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