La inmanejable república peruana
El ministro del Interior se presentó ante la comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, donde fue convocado para que explique el secuestro ocurrido la semana pasada en Chota, Cajamarca, a un equipo de periodistas. Reiteró que, a su criterio, sí hubo secuestro: aunque insistió en que “las autoridades tendrán que confirmarlo”. Aprovechó la audiencia para solicitar “respeto” por la estabilidad del personal, tanto policial como civil, que labora en el sector a su cargo. Puso de ejemplo a la cartera de Economía, que pondera la capacidad y experiencia de sus funcionarios de carrera, sin perjuicio de las preferencias políticas. No le falta razón al ministro. Sin embargo, debió pensarlo antes. Porque él forma parte de un Ejecutivo totalitario que ha secuestrado el país para hacer lo que le da la gana, con tal de transformarlo en la versión andina de Venezuela y Cuba. Por tanto esa propuesta formulada al Parlamento por el ministro Mariano González debió plantearla en la primera sesión de consejo de ministros a la que él asistiera convocado por Castillo.
La idea es buena. El principal problema del Perú es esa tara de sustituir a funcionarios entrenados por el Estado -a un altísimo costo para el contribuyente- por gente incapaz e ideologizada, lo que impide la correcta conducción del país. Semejante malversación del capital humano -forjado a lo largo de décadas por gobernantes que mantuvieron la mira puesta en los intereses de la nación, no en el del aparato politiquero gobernante-, constituye la fórmula perfecta para frustrar el progreso y para esfumar los beneficios socioeconómicos que merecen los 32 millones de peruanos.
Creemos que el Congreso puede zanjar esta distorsión aprovechando el actual debate sobre la bicameralidad, introduciendo en la deliberación una iniciativa para que los cambios en la Alta Dirección, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, sean sugeridos por el Ejecutivo. En síntesis, debería ser el Congreso –pudiera ser el Senado- el ente que revise y/o modifique esas sugerencias palaciegas. Más aún, este mismo criterio también podría proponerse para el nombramiento de los vocales de la Corte Suprema y fiscales supremos del Ministerio Público.
Apostilla. Yenifer Paredes, la hija putativa del presidente, ayer se negó a declarar ante el 6° Despacho de la 1° Fiscalía Anticorrupción de Lima, en la investigación que se le sigue por presunto tráfico de influencias. ¡Hay evidencias que la muestran participando en un evento relacionado a una trama corrupta! Pero como hoy todo vale en este país en manos del comunismo-analfabetismo, en lugar de ordenar su captura por desacato a la autoridad, la Fiscalía se limitó a “dejar constancia del hecho” ante la Procuraduría Anticorrupción. Despacho que, como sabemos, es manejado por una activista del régimen designada por el primer ministro Aníbal Torres, cuando ocupó el portafolio de Justicia. De manera que la hija putativa del presidente muy posiblemente ni siquiera sea amonestada; menos castigada. Como sí lo sería todo mortal ajeno a este régimen totalitario. De haber dejado Juan Pueblo plantada a la Fiscalía, ayer mismo habría quedado detenido y encarcelado.
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