La institucionalidad democrática se mantiene

El miércoles 7 de diciembre Pedro Castillo dio un golpe de Estado, sin embargo, la institucionalidad democrática se mantuvo, pues no fue respaldado por las fuerzas del orden, debido a que su accionar no respondía a ningún criterio legal que lo facultara. Pocas horas después ya se encontraba vacado, detenido y reemplazado en el cargo por Dina Boluarte, su vicepresidenta, quien, para la mayoría de analistas, cometió un error al no hablar desde un inicio de un gobierno de transición.

A esto siguieron distintos hechos políticos que desembocaron en el actual estado de emergencia en el que se encuentra el país, y que ha sido una medida mayoritariamente aceptada por la población, luego de varios días de protestas violentas que les costaron la vida a ciudadanos (ocho hasta el momento de cerrado este artículo), dejaron más de dos centenares de policías heridos y casi un centenar de manifestantes detenidos.

Los primeros días del nuevo gobierno, la falta de determinación y la mala comunicación política de la presidenta, fomentaron escenarios de anomia que fueron incrementándose ante el claro vacío de autoridad. Debemos recordar que los primeros días, estas protestas no se habían masificado y parecían responder más a un plan de acción calculado que a una reacción espontanea de la ciudadanía.

El bloqueo de puntos clave en algunas carreteras y la toma de posiciones estratégicas como aeropuertos, sumados al ataque a instituciones públicas específicas (comisarías, Fiscalía, Poder Judicial) y medios de comunicación, no respondían a la teoría clásica de los conflictos sociales en el Perú, que suelen basarse en una autoconvocatoria por parte de la población, sino que parecían una estrategia gestada por meses que contaba con gran financiamiento y una importante maquinaria de propaganda con la cual exacerbar los ánimos (por ejemplo, la presunta foto trucada de una mujer con una huaraca frente a un helicóptero).

Debido a esto, y a las declaraciones de los colaboradores eficaces de la justicia como Salatiel Marrufo (exasesor del gobierno de Castillo) quien aseguró que el ejecutivo destinaba dinero a manifestaciones en su favor, se puede asumir que el gobierno de Castillo se encargó de articular este escenario para cuando saliera del poder, por lo que también se puede considerar que, de haberse dado posteriormente, hubiese sido aún más fuerte y que, en caso hubiese logrado terminar su periodo en el 2026, difícilmente se garantizaba una transición democrática.

Pasados algunos días, el escenario de anomia y caos generados durante estas manifestaciones desembocaron en ataques a la propiedad privada, destrucción de medios productivos y ataques a instituciones proveedoras de energía, lo que impacta en todos los peruanos, poniendo a gran parte de la opinión pública en contra de las protestas, a pesar de que una parte de la población, que no ha visto resueltas sus demandas e intereses (muchos de ellos legítimos), también han sentido la necesidad de manifestarse.

A lo anterior se sumó la coerción ejercida por algunos de estos grupos de manifestantes contra la población civil y los emprendedores que no se sumaban a su “lucha”, algo que quedó registrado en diversos videos que circulan por redes sociales.

La respuesta ciudadana, además del apoyo mayoritario al estado de emergencia y a las fuerzas del orden, también viene implicando manifestaciones públicas a favor de la paz y el estado de derecho en distintos departamentos, lo que genera un escenario atípico pero favorable para la continuidad de la institucionalidad democrática en el Perú.

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