La interpelación como control político

Las últimas decisiones del pleno del Congreso de la República, mediante las cuales se acordó, por lo menos hasta estos momentos, interpelar a dos ministros, me permite precisar que, dentro de los mecanismos de control interpoderes del Estado, se cuenta con la interpelación, además de la censura y el rechazo de la cuestión de confianza, como instituciones políticas que obliga al Parlamento a controlar al Poder Ejecutivo, léase equipo ministerial, cuando considera que la representación parlamentaria debe estar suficientemente informada sobre el proceder o decisiones que haya tomado la persona que tiene a su cargo un determinado ministerio o, en su defecto, el presidente del Consejo de Ministros, si todo el gabinete está comprometido.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 131 de nuestra Constitución vigente, regulado por el Reglamento del Congreso en su artículo 83, la interpelación es solicitada por no menos de quince por ciento del número legal de los congresistas, debiéndose acompañar al pedido el pliego interpelatorio que debe ser contestado por el ministro. Y, para ser admitida, se requiere el voto a favor de un tercio del número de congresistas hábiles. Agregándose que, para que el Congreso señale día y hora a fin de que los ministros puedan contestar la interpelación, no se puede realizar antes del tercer día siguiente a la votación, ni tampoco después del décimo.
Por la cantidad de votos que deben concurrir para aprobar un pedido de esta naturaleza, la interpelación, como instrumento de control, es un derecho que, en la práctica, le corresponde a las minorías partidarias en el Parlamento; pues, resulta ser un medio muy efectivo que permite que la población, a través de los legisladores, se pueda interiorizar de las características de cómo se maneja la administración estatal en temas o asuntos muy puntuales.
Por el lado de los ministros, es la oportunidad que tienen para dar a conocer con más detalle los pormenores de cómo están conduciendo el área que tiene a su cargo, y que por las dudas que pueda generar su actuación, se hace necesario que exponga, con precisión y verdad, las razones y consideraciones que lo han motivado para tomar determinadas decisiones.
En consecuencia, así como al Congreso se le exhorta a no hacer un uso excesivo de este derecho de control que le corresponde, de igual forma al Órgano Ejecutivo, a través del Consejo de Ministros, se le requiere una mayor presencia en el pleno del Parlamento que le permita tener una comunicación mucho más directa con los representantes del pueblo, a fin de no únicamente informar o contestar el pliego interpelatorio sino también recoger las inquietudes o preocupaciones que, como es natural, los congresistas darán a conocer en el debate posterior.
La labor congresal no termina con su función legislativa, ni el trabajo del Ejecutivo con la administración de la cosa pública. En ese sentido, la separación de poderes que, como principio se sustenta en la estructuración del poder político en el Perú, según lo previsto en nuestra Carta Fundamental, no es una separación absoluta en la que cada Poder del Estado actúe bajo su cuenta, costo y riesgo, totalmente desvinculado del otro Órgano del Estado; al contrario, deben tener una constante y permanente comunicación que les permita coordinar los esfuerzos institucionales, con miras a mejorar la producción legislativa y la gestión de gobierno.
La administración del Estado es una sola; producto de las actuaciones que se complementan y que desarrollan tanto el Ejecutivo como el Congreso, razón por la cual, cuanto más informada se encuentre la ciudadanía sobre el proceder de cada uno de estos entes de gobierno, mejor podrá tomar decisiones cuando tenga que transmitir su opinión a través del voto.
En ese sentido, la interpelación no se limita a ser un simple instrumento de control, sino que cumple un rol de información ciudadana, que es lo que más requiere la población nacional.

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