La justicia en el banquillo de los acusados

Desde hace un buen tiempo los responsables de ejercer justicia en nuestro país, en vez de imponer su autonomía e independencia, han cedido ante la tentación de congraciarse con los gobiernos de turno o se han sometido a ellos sin considerar las consecuencias de sus actos.

Lamentablemente la justicia en nuestro país se ha politizado y en ausencia de la ética y el poco respeto al debido proceso, no da muestras de asumir con convicción su responsabilidad de impartirla con imparcialidad y transparencia.

La clase política parece no darse cuenta que la indignación de la ciudadanía va en aumento ante la inacción de la justicia frente a graves denuncias o flagrantes delitos. En el Ministerio Público la nueva normalidad parece ser que si un enemigo del gobierno es denunciado por un presunto delito podría ir a prisión preventiva sin haber sido investigado, ni acusado. Cuando un personaje vinculado al gobierno se ha visto involucrado en una denuncia, las investigaciones demoran o si se hacen nunca terminan.

También los plazos para acusar parecen dilatarse o acelerarse en función del color político del denunciado. En el Poder Judicial los jueces son cada vez más impredecibles en sus sentencias. Por el lado del Congreso aún no se ha concluido el proceso para reemplazar a los miembros del Tribunal Constitucional, con mandato vencido, para asegurar así el pleno respeto a la Constitución y las leyes.

Lamentablemente el virus de la corrupción, con la permisividad de la justicia, sigue afectando a importantes funcionarios del Estado. El Ejecutivo ha dado indicios de manejar con descaro y poca transparencia los procesos de importantes licitaciones. En el Legislativo, se comienzan a revelar nombres de algunos congresistas que defraudando a quienes los llevaron al Congreso, han puesto por delante sus intereses personales, olvidando sus promesas de campaña.

En este escenario va a ser muy difícil avanzar. La justicia tiene que demostrar que no está implicada en las denuncias de coludirse para promover la impunidad. La Junta Nacional de Justicia tiene que comenzar a funcionar. Hasta ahora parece responder a quienes la impulsaron y manejaron su conformación. Su inmenso poder incide en el nombramiento, sanción y permanencia de jueces, fiscales, jefe y presidente de los organismos electorales, quienes con sus controvertidas sentencias habrían permitido que Pedro Castillo asuma la presidencia de la República y ahora, con su inacción, lo mantienen en el poder. Necesitamos jueces y fiscales probos, comprometidos con la verdad, que no discriminen a nadie por su color racial o político. Queremos ver sentencias respaldadas con pruebas.

Necesitamos despejar nuestras dudas de lo que parece ser un descarado blindaje a los corruptos.

Tenemos que comenzar por recuperar la confianza en la justicia. La labor del Congreso será decisiva.

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