La justicia llegará inexorablemente

¿Estará consciente el presidente Pedro Castillo de lo que le espera cuando deje el cargo? Las investigaciones si bien en estado embrionario por parte del Ministerio Público abiertas en su contra de forma inédita en el Perú para un mandatario en ejercicio, están referidas a graves acusaciones de corrupción que pasan por penas de carcelería efectiva, ya que actualmente las leyes penales son inmisericordes para estos delitos, además del hecho de que aquellos contra la Administración Pública y contra el patrimonio del Estado ya no prescriben. En lo personal, no veo motivaciones racistas en estas pesquisas por parte de los operadores de justicia, más bien creo que están acorde a la voluntad de los poderes públicos y organismos constitucionales autónomos del país, en luchar contra la corrupción y la impunidad.

La última investigación preliminar abierta por la Fiscalía de la Nación, rebatiendo el criterio que por tradición mantuvo ese organismo, de no investigar a un presidente de la República durante su mandato, debe obedecer a manejar información nueva y relevante, que respalda una decisión de esta magnitud y que ubicaría al jefe del Estado como supuesto autor del delito de tráfico de influencias en el tema de ascensos militares. Dificulto que solo se abra una investigación para echar las redes y ver qué se pesca, deben manejarse datos o testimonios sensibles, no tardaremos en saberlo.

El presidente Castillo no es el único complicado con las investigaciones abiertas por la Fiscalía y el Congreso, también lo está su entorno familiar y altos funcionarios que él designó en cargos de confianza y que “coincidentemente” varios de estos están en la clandestinidad en abierto desacato a la autoridad, rehuyendo, entorpeciendo la acción de la justicia, conducta que no abona en su inocencia sino en su culpabilidad, deja la estela de haber entrado en pánico o creerse muy pagados de su suerte convencidos quizás que “nunca dejarían el poder”, que al igual que otros gobiernos de izquierda en esta región, se reeligirían indefinidamente y quién sabe ahí emane la imperiosa necesidad de cambiar la actual Constitución que prohíbe la reelección inmediata de los mandatarios.

Si esta es la apuesta del Gobierno y su entorno, de creerse eternos en el poder, pues “mal jugado”, porque pese a todo el daño que se le ha hecho a la institucionalidad, existen organismos autónomos alejados del poder político que se han propuesto hacer respetar sus fueros y acabar con la impunidad. Todo lo que se hace voluntariamente o no en detrimento de la Administración Pública tiene un costo, inexorablemente la justicia llegará y ojalá me equivoque, que el jefe del Estado, familiares, ministros y demás altos funcionarios, terminarán tras las rejas. Desde un principio la Contraloría General y otras entidades y personalidades lo advirtieron al inicio de la gestión, pero “no hay peor sordo que el que no quiere oír”, el poder envanece.

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