¡La justicia peruana en cuidados intensivos!

No debe quedar impune la amenaza al Estado de derecho exhibida por Delia Espinoza, la iconoclasta exfiscal de la Nación que ilegalmente ha ocupado el cargo toda esta semana.
Desde que la JNJ repuso como fiscal de la Nación a Patricia Benavides Vargas, Espinoza nunca renunció al cargo. Debió ser expectorada como fiscal de la Nación, con ayuda de la fuerza pública. Pero hizo caso omiso al apercibimiento de la JNJ para que la policía la detenga por desacato, al encontrarse delinquiendo en flagrancia por ocupar ilícitamente el cargo de fiscal de la Nación.
Esta nefasta inconducta de un ícono de la justicia —como debe ser el o la fiscal de cualquier nación, encargado de perseguir la delincuencia— refleja el estado de amoralidad, perversión y descrédito que ahora transpiran tanto nuestro Ministerio Público como el Poder Judicial.
La culpabilidad surge a comienzos de siglo, cuando Alejandro Toledo —hoy condenado por corrupción— capturó la Fiscalía de la Nación a través del Savonarola criollo Gustavo Gorriti.
Desde ese momento, los caviares se apropiaron de la fiscalía y el Poder Judicial, vía unos entes flamantes ONG que nos invadieron, convirtiéndose en negociados para los ociosos —aunque siempre ladrones— miembros de la sofisticada camorra caviar. Desde entonces, el Estado se dedicó a contratarlas al precio que le pidieran, para prestar servicios limitados, inicialmente, a elaborarle eternas, ociosas, repetitivas, calcadas y, lógicamente, inservibles “asesorías”, para que los burócratas “justifiquen” cumplir sus tareas de manera “óptima”. Fue así que el círculo vicioso de las consultorías se convirtió en este metastásico cáncer que hoy mantiene moribundo al Perú. Desde entonces, amable lector, los caviares cortan el jamón en este país. Hoy manejan nuestro sistema judicial —fiscalía y Poder Judicial— importando teorías alambicadas de la cultura woke o caviar, convirtiendo lo bueno en malo y lo malo en peor. ¡En ese instante desapareció la “justicia” en el Perú! Ahora es cualquier cosa menos un centro de razonamiento, neutralidad, equidad, ecuanimidad, honradez, etc.
Consecuentemente, los caviares han corroído los cimientos de nuestro sistema de justicia.
Lo expuesto requiere iniciativas alternativas para superar el actual estado caótico en que se encuentran el Ministerio Público y el Poder Judicial. Con mayor razón, delante de unas elecciones generales de vértigo. Apremia, entonces, aprobar proyectos existentes en el Legislativo sobre esta materia, para avanzar concibiendo algún modelo jurídico funcional; y que el Legislativo que se elija en 2026 tome inmediatamente la posta y concluya el resto. En el actual Congreso existen iniciativas provenientes de una Comisión Especial de Alto Nivel sobre Reforma del Sistema de Justicia; otra de la Academia de la Magistratura, formadora de jueces y fiscales (que deberá reorganizarse por la ínfima calidad de jueces y fiscales que presenta); y/o de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, precisando que el paroxismo de la fiscalía nos hace vulnerables a los operadores políticos. Paralelamente, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo necesitan opinar sobre aspectos que vulneran principios constitucionales. ¡Definitivamente, urge concertar esta tarea vertebral!

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