La justicia secuestrada por una ONG

En un sistema democrático, la separación de poderes es esencial para mantener el equilibrio y la estabilidad política. Si no se respeta, está garantizado el desgobierno y se pone en peligro el estado de derecho. Eso explica porque el impresentable Martín Vizcarra disolvió el CNM y creó la Junta Nacional de Justicia, hecha a su medida. En este contexto, la reciente intervención de la Junta de Fiscales del Perú en política y su intento de movilizar a la ciudadanía contra el Congreso de la República plantea una preocupación aún más seria sobre la integridad y el equilibrio institucional en el país.
Sin embargo, esta situación no es nueva. Desde mediados de la década de los 90, con las organizaciones terroristas casi derrotadas, una conocida ONG inició la lenta infiltración del sistema de justicia. Primero se consorció con una universidad privada, antes prestigiosa, para “capacitar” a jueces y fiscales. Esa capacitación, por ejemplo, estaba destinada a desarrollar orientaciones interpretativas de los tratados internacionales de los que el Perú es parte.
Es por esa razón que, desde entonces, los fiscales peruanos desarrollaron la doctrina de que los delitos de lesa humanidad solo son cometidos por agentes del Estado y no por particulares. Esto en contra de la realidad que nos demuestra que las organizaciones terroristas, como Sendero Luminoso de Abimael Guzmán o el MRTA de Víctor Polay Campos, cometieron crímenes horrendos que encajan perfectamente como delitos de lesa humanidad.
La masacre de Soras, Ayacucho, la más brutal perpetrada por los senderistas, en la que más de un centenar de campesinos fueron asesinados durante el recorrido de un ómnibus de transporte interprovincial, solo porque sus pueblos se oponían a someterse a los terroristas. La masacre de Las Gardenias, en Tarapoto, en la que terroristas del MRTA asesinaron a sangre fría a homosexuales y otras personas inocentes en un acto que ellos llamaron de “limpieza social”.
Estas dos masacres no han sido calificadas como de lesa humanidad por los fiscales adoctrinados por esta ONG y su desaliñado e hirsuto cabecilla. Las muertes permanecen impunes mientras ellos se llenan los bolsillos con el sucio dinero de una empresa brasilera ligada a la megacorrupción.
Así, pues, vemos con desaliento que la justicia en el Perú esta secuestrada por una ONG-estudio de abogados que es en la práctica un partido político financiado con recursos del extranjero que nadie controla ni fiscaliza. Esta ONG es la principal impulsora de la judicialización de la política. En este siglo se ha dedicado a perseguir hasta la muerte a sus adversarios políticos. Con la complicidad de jueces y fiscales “capacitados” por ellos.
La justicia en el Perú está secuestrada. Los secuestradores son una ONG, una organización criminal que actúa con absoluta impunidad.
Es por esa razón que el comunicado de la Junta de Fiscales Supremos y otro de fiscales oponiéndose a la aprobación de normas ligadas a la lucha contra la corrupción son evidencia de este secuestro judicial en el que todas las peruanas y peruanos somos víctimas.
Más grave aún es la distracción de funciones esenciales. Al enfocarse en política, la Junta de Fiscales descuida sus responsabilidades fundamentales. La persecución de delitos y la defensa de la legalidad no deberían verse comprometidas por ambiciones políticas o agendas personales de sus miembros, como está sucediendo.
Es indispensable corregir y criticar la intervención de la Junta de Fiscales del Perú en asuntos políticos y su intento de movilizar a la ciudadanía contra el Congreso. Es crucial que el Perú despierte y se libre de este secuestro agravado. Los culpables deben rendir cuentas a 33 millones de peruanos. Y la Junta de Fiscales debe retomar su papel original, centrado en la defensa de la ley y la justicia, y dejar la política en manos de quienes han sido elegidos para esa tarea.

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