La legalidad y la legitimidad en la dinámica política

Dos conceptos que, con alguna frecuencia, se usan como si fueran sinónimos es necesario precisarlos cuando se trata de identificar la forma como se toman decisiones o se procede en el ámbito del manejo del poder; pues de ello dependerá si el actuar dentro de la dinámica política se comparta dentro del marco de la ley y, además, en la dirección que la población reclama. Esto es, tanto del lado de los que lo ejercen, así como del grupo de los gobernados, cuando actúan frente a quienes manejan el poder político.

La legalidad se relaciona con la norma jurídica o el ordenamiento legal vigente. Puede o no gustarnos lo que señala la norma escrita, pero si la decisión del ente gubernamental o su proceder se ajusta a lo que indica el dispositivo normativo, estamos frente a que dicha decisión es legal.

Lo que viene aconteciendo con mucha frecuencia hoy en el Perú es que, por la aplicación de algunas disposiciones, especialmente las constitucionales, que en estos momentos se hace necesario, por no satisfacer las inquietudes o aspiraciones de determinadas autoridades o agrupaciones políticas en particular, tratan de darle un sentido distinto al que fuera la intención del productor de la norma, procurando encontrar alguna inconstitucionalidad, promoviendo así la intervención del Tribunal Constitucional o, del propio Congreso de la República, cuando se le obliga a dictar leyes que no permitan la violación de lo dispuesto por ellas. Esta realidad en la que se obliga a intervenir al órgano de control constitucional o al mismo Parlamento, termina por generar una desnaturalización de la norma jurídica, y da lugar a un innecesario trabajo de producción legislativa, creando un sistema jurídico eminentemente reglamentista.

El sólo recordar lo que viene siendo la preocupación del Congreso en estos últimos meses, donde gran parte del tiempo se dedican a producir “normas aclaratorias” y, por el lado del Poder Ejecutivo, el de tratar de anularlas, ya nos podemos dar cuenta del porqué estamos como estamos. Por cierto, este panorama debe de variar; la Constitución y las demás normas legales deben ser respetadas con exactitud, en lugar de violentarlas o incumplirlas.

Por otro lado, en cuanto a la legitimidad; ésta tiene una connotación sociológica y no jurídica. Tiene que ver con el grado de aceptación popular. Es decir, con el nivel de coincidencia o sintonía de la decisión o proceder de la autoridad que ejerce poder frente a lo que desea o pretende la ciudadanía.

Es usual que el grado de legitimidad sea calculado o estimado por el trabajo que desarrollan las empresas encuestadoras, cuando nos dan a conocer el resultado de sus análisis. Pero, también es verdad que las encuestadoras, además de informar pueden, con sus resultados, inducir a la población a conducirse en un sentido determinado en su actuación política. Esto último sucede cuando el trabajo desarrollado por las empresas que se dedican a la labor de recoger la opinión pública responde a los intereses de quienes contrataron sus servicios.

En lo que han sido las decisiones o actuaciones de los entes gubernamentales en este último lustro, es evidente que las legitimidad ha sido un elemento inspirador y perturbador de la forma como se ha actuado en la dinámica política en el Perú. Lamentablemente por la necesaria brevedad de este comentario, no se pueden destacar innumerables casos que se han presentado especialmente en el periodo de gobierno anterior al actual, donde con mucha y reiterada frecuencia, se ha impuesto la legitimidad sobre la legalidad cuando se han tomado decisiones o se ha procedido en el ejercicio del poder.

Esto significa que la legalidad y la legitimidad han sido factores que han sido aplicados o han funcionado cada uno por su cuenta y, lo peor, contradiciéndose entre ellos. Es decir, se ha priorizado la legitimidad sobre la legalidad. Como muestra, invito a recordar lo que fuera la inconstitucional disolución del Congreso por parte del expresidente Vizcarra.

Si queremos que la democracia funcione en el Perú, la legalidad debe estar acompañada de la legitimidad. Son factores que deben funcionar acompañados.

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