La legítima defensa

El caso del asalto a un chifa en el que el dueño ultimó al delincuente por defender a su familia ha puesto en debate la legítima defensa, un término que contrario a lo que se piense, se relaciona con los derechos humanos a partir de la generación de bienestar como objetivo primordial de las políticas públicas. En efecto, en materia de seguridad ciudadana, las políticas estatales tienen como centro a la persona y su dignidad, por lo que deben garantizar la protección de su derecho a la vida y su integridad mediante herramientas efectivas que apunten, sobre todo, a la prevención del delito. ¿Pero qué pasa cuando este sistema de prevención falla? ¿Qué alternativas tiene el ciudadano dentro del marco de la ley?

La legítima defensa es un derecho fundamental, un instituto jurídico cuyo efecto es la exclusión de responsabilidad o de justificación cuando una persona se encuentra frente a un peligro o agresión inminente, ilegítima e irracional que lo faculta a repeler la agresión en su contra o en la de un tercero. Entre sus elementos conforme al Código Penal se considera: la existencia de la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado y la falta de provocación suficiente de quien ejerce su defensa. Además, está íntimamente ligado al uso de la fuerza bajo los estándares de protección de los derechos humanos, por lo cual los funcionarios solo pueden emplear armas de fuego en defensa propia o de otras personas, frente a un peligro inminente o lesiones graves o frente a un peligro que pueda significar una seria amenaza para la vida y en otros casos específicos, dentro de un marco legal.

En el extremo de la absoluta necesidad de actuar frente a una agresión inminente que pone en peligro la vida de una persona o de un tercero, es preciso mencionar que el derecho a la integridad personal es el derecho humano que ampara la defensa propia de forma legítima. En el caso citado, el empresario actuó frente a la necesidad de proteger a su familia, la cual estaba siendo amenazada por el ladrón, hecho que debe ser valorado adecuadamente antes que la propia proporcionalidad de la respuesta por parte del empresario. En esa misma línea, los actos de investigación deben ser llevados de forma diligente y en un plazo razonable, pues se está privando a una persona de su libertad individual quien actuó en defensa de sus seres queridos y de su propia vida, frente a un fallido Estado en su obligación de brindar seguridad a la población frente a la delincuencia.