La Línea 2 del Metro
Tras el inicio de su construcción el año 2014, la Línea 2 del Metro de Lima se proyectó que estaría lista en cuatro años. Once años después, la Línea 2 del Metro continúa enfrentando múltiples obstáculos por yerros del Estado y de la contratista: el consorcio conformado por Iridium-Dragados, FCC, Webuild, Cosapi y Hitachi Rail STS.
Empecemos porque, tanto el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) como la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), no entregaron oportunamente a la contratista los terrenos donde se construirían las estaciones y los pozos de ventilación para esta megaobra. Asimismo, la contratista demoró varios años en importar dos tuneladoras “para avanzar al ritmo necesario y acabar el proyecto dentro del plazo” previsto. Tanto que en once años ha excavado solo 22 de los 27 túneles que tiene este proyecto.
El hecho de recibir la contratista las áreas de construcción fuera de plazo —y en desorden— interrumpió el ritmo de excavación; además, los conflictos legales ralentizaron esta obra generando incertidumbre sobre responsabilidades, tanto entre la Línea 1 como la Línea 2. Especialmente en las estaciones de transferencia. El diseño de ingeniería se vio afectado por información insuficiente sobre los terrenos que el Estado se comprometió a expropiar oportunamente, creando paralizaciones y sobrecostos. Ejemplo: la estación San Marcos, donde los terrenos aún no son entregados a la concesionaria para ejecutar las obras.
Debido a que tanto el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) como la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) no entregaron oportunamente los terrenos para construir las estaciones y los pozos de ventilación, y a que, consecuentemente, la tuneladora no pudo avanzar en una secuencia lógica —al recibir áreas en desorden, fuera de plazo y sin planos subterráneos por donde pasen tuberías de agua, desagüe, instalaciones eléctricas, etc.—, el caos generó múltiples demandas legales. Tanto que, hasta agosto de este año, solo se ha excavado 22 de los 27 kilómetros de túneles; un avance general del 72 %. ¡Es más! Hasta agosto de este año aún existen terrenos pendientes de entrega, lo que implica un retraso de casi seis años, incluyendo áreas críticas como la Estación E-7 “San Marcos” y los pozos de ventilación PV6 y PV7; ambos dentro de la UNMSM y sin posesión efectiva por la ATU. Paralelamente, las estaciones E-5 “Carmen de la Legua” y E-6 “Óscar Benavides” siguen pendientes de entrega. En todos estos ejemplos, como consecuencia de las demandas de compensación de la UNMSM —consistentes en obtener once mejoras urbanas del Estado antes de entregar sus terrenos, que abarcan edificios para estudio, consultorios médicos, etc.—, ocurrieron incumplimientos en el saneamiento legal, fuera de problemas contractuales por exceso de tiempo de uso de las tuneladoras.
Responsables de este colosal retraso: el Estado peruano al demorar la entrega de terrenos y por la desconexión institucional entre el Ministerio de Transportes y la ATU; pero también la contratista, por el lentísimo avance (1 km por año, contrastado con 21 kilómetros en tres años construidos en Panamá); además de su escasa y sesgada conducta comunicativa al público.
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