La medida cautelar: un regalo de los dioses

Los jueces poseen las llaves del paraíso de la impunidad y, sobreviviendo a sus propias contradicciones, otorgan medidas cautelares indiscriminadamente.

La línea entre el profesionalismo y la ideología se ha desdibujado. Han olvidado que la justicia es ciega y con ojos mercantilistas y muy abiertos, allanan el camino para que se transgreda la ley, se incumplan contratos y se evadan responsabilidades.

En nuestro país, la palabra empeñada no vale nada, todo tiene que ser por escrito, hasta con huella digital, pero también ello ha perdido valor. El “papelito manda” se ha depreciado, ha caído en desgracia; hoy mandan las medidas cautelares, en cuyo nombre se legitiman demasiados abusos.

Hace 30 años, la empresa Construcciones Listos S.A.C. firmó un contrato de concesión con la Municipalidad de La Victoria respecto del Centro Comercial Parque Cánepa (Gamarra) por el que paga la diminuta suma de S/ 7,000, a pesar de su altísima rentabilidad.

Poco antes del vencimiento (20 de julio pasado), la empresa ya había solicitado una medida cautelar para mantener la administración, no solo violando la buena fe contractual, sino convirtiéndose en ocupante precario, vale decir, unos vulgares delincuentes, y perjudicando a todos los vecinos del distrito. Sería una vergüenza que el Poder Judicial la conceda.

Tello y Vásquez fueron repuestos a través de una medida cautelar dictada por la Primera Sala Superior Constitucional de Lima, la misma que luego fue dejada en suspenso por el Tribunal Constitucional hasta que la citada Sala emitió la resolución de fondo en el marco del proceso de amparo, y fueron nuevamente repuestos, en abierta violación de la ley y la independencia de poderes.

Con la pulcritud que caracteriza a este Tribunal Constitucional, hoy un órgano crucial en nuestra democracia, recientemente se ha declarado improcedente el recurso de reposición presentado por Tello, llamándole severamente la atención a su defensa, Omar Cairo, por manifestar públicamente que espera que los jueces del Poder Judicial no acaten las resoluciones del Tribunal Constitucional.

¿Qué espera el Colegio de Abogados de Lima para inhabilitarlo por lo menos por 10 años? Es una falta gravísima viniendo de cualquier ciudadano, pero especialmente de un abogado.

Lamentablemente, el decano Raúl Canelo ya está alineado con estos caviares que se sienten dueños del país.

Vizcarra ha presentado una demanda de amparo para anular su inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años y así poder participar en el proceso electoral del 2026, sobre la base de que se han violado sus derechos fundamentales y el debido proceso.

Debieron inhabilitarlo de por vida, es una sanción absolutamente benigna para el líder de Los Intocables de la Corrupción, organización enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con la finalidad de sacar contrataciones públicas fraudulentas, además del desastroso manejo del COVID y sus nefastas corruptelas cuando fue gobernador regional de Moquegua. Es un absoluto impresentable. Sin embargo, inexplicablemente ocupa el segundo lugar de preferencias presidenciales en una encuesta realizada por el CIT (julio 2024). El electorado peruano debe estar entre los peores del mundo.

Un caso emblemático fueron las acciones de amparo interpuestas contra el Decreto Legislativo 1419 que reguló la aplicación del ISC a los juegos de casino y máquinas tragamonedas. Uno de los abogados que patrocinaba los casos era nuestro ex primer ministro Alberto Otárola. Estos establecimientos generalmente cierran los ojos ante el origen de los fondos de sus clientes; entran con dinero sucio proveniente de la economía sumergida y, si ganan, salen con dinero limpio obtenido en una actividad fiscalizada.

Entonces, sí incentiva la ludopatía y sirve para fines “non sanctus”, que por lo menos paguen el ISC, que también grava a los combustibles y nos afecta a todos.

Hay muchísimos casos más que evidencian que este Poder Judicial, atrapado en su mediocridad y codicia, es uno de los grandes responsables del quiebre institucional de nuestro país. Habría que hacer tabla rasa y sacarlos a todos; uno solo podrido los volvería a contaminar.

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