A la merced de la inseguridad y el desorden

El Perú atraviesa una crisis de seguridad exacerbada por un desorden político que impide la gobernabilidad y compromete la estabilidad del país. Las recientes declaratorias de estado de emergencia en varios distritos, acompañadas de toques de queda, demuestran la respuesta insuficiente del gobierno ante el crimen organizado y la creciente inseguridad ciudadana. Cada intento del gobierno por calmar las críticas solo resalta una alarmante falta de estrategia y coordinación que requiere atención inmediata.
La ausencia de un liderazgo proactivo y estratégico resulta evidente cuando, en lugar de enfrentar los desafíos de la nación con medidas anticipadas y bien planteadas, se opta por reacciones tardías que buscan mantener el status quo. La credibilidad y la autoridad del Ejecutivo, y particularmente del ministro del Interior, se ven seriamente comprometidas. Este último se enfoca más en la defensa de la imagen presidencial en el caso “El Cofre”, en vez de asegurar la seguridad nacional, planteando dudas sobre su capacidad para gestionar uno de los aspectos más críticos que enfrenta el país.
Una reflexión inmediata de la clase política se hace imprescindible, así como el llamado a un liderazgo real que se responsabilice de combatir la inseguridad que azota nuestra sociedad. El Ejecutivo debe demostrar su habilidad para planificar y ejecutar acciones firmes y bien dirigidas.
La exigencia de expertos, como el exjefe de la Dircote José Baella, de implementar al menos tres mil efectivos para enfrentar el estado de emergencia en Lima y Callao pone en evidencia la escasez de recursos y la falta de planificación. Este dilema revela no solo una incapacidad operativa, sino también un distanciamiento considerable de las demandas de seguridad de la ciudadanía.
En este escenario, el gobierno está obligado a adoptar medidas urgentes que prueben su compromiso con la seguridad pública. Resulta esencial movilizar el número apropiado de fuerzas especiales, afinar las estrategias de coordinación e inteligencia entre diversos cuerpos de seguridad (policías, militares y municipalidades) y proveer a las unidades con herramientas tecnológicas para una lucha efectiva contra el crimen organizado. Ante la inoperancia de los operadores de justicia, la implementación de tribunales militares para delitos graves, tal como fueron las medidas adoptadas en el año 98, podría representar un paso decidido más allá de las promesas vacías, enfrentando la realidad de procedimientos legales que raramente se concretan debido a la corrupción y el miedo de los jueces y fiscales.
La actual crisis de seguridad refleja un desorden político que amenaza la paz social y la integridad de nuestras instituciones. Se requiere una respuesta gubernamental firme, transparente y eficaz para reconstruir la confianza ciudadana y asegurar un porvenir seguro y estable para el país. La inacción y las soluciones temporales deben quedar atrás. El liderazgo es fundamental en momentos críticos, y es precisamente lo que Perú requiere hoy más que nunca.
La declaración del general de la PNP, que describe al Perú como uno de los países más seguros detrás de El Salvador, es inverosímil y lo deja con el mismo talante que el premier, renuente a reconocer y rectificar errores del gobierno, como la omisión en la observación de la ley contra el crimen organizado de agosto, que eliminó el delito de extorsión del Código Penal. ¡Increíble!, cuando existen más de 12,700 denuncias de este tipo a la fecha.
Nos encontramos en un punto crucial para el futuro de la nación, y solo con un enfoque integral y a largo plazo podremos empezar a reconstruir la seguridad y la confianza en el Estado. Los ciudadanos peruanos merecen un ambiente seguro y tranquilo, siendo responsabilidad de nuestros líderes políticos convertir este derecho en una realidad concreta, más allá de promesas electorales.

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