La meritocracia en la educación pública
La izquierda marxista, la que no considera necesario mejorar las condiciones de los ciudadanos dentro del sistema político, sino procura destruirlo para construir sobre sus cenizas un régimen de partido único, requiere coherentemente agudizar las debilidades de una sociedad donde la libertad no basta para preservar la dignidad de la persona humana. Solo así podemos entender por qué, teniendo el control del sector educación durante varias décadas, parece no interesarle mejorar la calidad de la formación que reciben los hijos de las familias sin suficientes recursos económicos, a las que dicen defender. Por el contrario, a través de los cientos de activistas-burócratas enquistados en el aparato estatal y de los sindicatos, esa izquierda maneja el sector como si se tratara, exclusivamente, de un bolsa de trabajo para sus militantes.
En un modelo constitucional donde la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, donde la iniciativa privada es libre, el Estado participa en el sector educación para intentar concretar el principio constitucional de igualdad de oportunidades. Por ello, el Tribunal Constitucional ratificó la constitucionalidad de las leyes de reforma de la carrera magisterial, con las sentencias recaídas en los expedientes 00025-2007-AI, 00008-2008-AI, 00019-2014-AI y 00020-2014-AI. En ellas, expuso con claridad que la finalidad del sistema educativo no es dar empleo a licenciados en educación, sino el brindar una educación de calidad a los escolares; solo a partir de esa afirmación debe interpretarse toda norma legal, y por consiguiente, el derecho al trabajo de los docentes queda limitado por la comprobación objetiva de su verdadero aporte a la finalidad del sistema.
De esa forma, constituye parte de la jurisprudencia constitucional pacífica, el principio meritocrático en la educación pública, por haber sido corroborado en la sentencia 00023-2018-AI. Así, el Estado incentiva a que los docentes se actualicen y perfeccionen continuamente, evaluándolos para acceder a la carrera magisterial y para lograr los ansiados ascensos de nivel. Por eso, aprobar una ley que permita el acceso a la carrera a licenciados que han sido desaprobados en las evaluaciones de entrada, constituye no solo un acto inconstitucional, por enfrentarse directamente a la jurisprudencia vigente, significa también un grave daño al futuro de millones de escolares, cuya única culpa, es tener padres carentes de medios económicos suficientes para matricularlos en una escuela privada.
Cabe resaltar que, siendo la reforma creación de José Antonio Chang durante el segundo gobierno de Alan García, fue asumida por el gobierno de Ollanta Humala a partir de su segundo ministro de Educación, Jaime Saavedra, por lo que puede afirmarse que promover la calidad en la educación pública constituye una verdadera política de Estado, un Acuerdo Fundamental que debe unir a todos los sectores políticos comprometidos con el futuro de nuestra juventud.
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