La necesaria coincidencia entre la legalidad y la legitimidad

En todos los países del mundo, en cuanto al manejo del poder y cualquiera sea la concepción ideológica que lo inspire o motive, la dinámica política se desarrolla en un ir y venir entre la legalidad y la legitimidad. Aspectos que no son únicamente características del funcionamiento interno de los Estados sino también de la forma como se controla el poder en un mundo globalizado, donde los intereses de las grandes potencias son las que marcan el camino dentro del cual se desenvuelve la sociedad internacional.

En ese sentido, las Constituciones Políticas y las normas legales que las desarrollan, así como los acuerdos y tratados internacionales, que regulan las relaciones entre los países, cuando las conductas, comportamientos, procedimientos y decisiones se ajustan a lo que ellas establecen, estamos frente a calificarlas como legales; es decir, el acto o decisión es legal cuando se encuadra dentro de lo establecido por el ordenamiento jurídico vigente. Ello, independientemente que se pueda o no de estar de acuerdo con lo establecido por la norma; pues, las opiniones discrepantes con lo señalado por el ordenamiento jurídico no pueden justificar un comportamiento o conducta violatoria de la ley.

Por otro lado, y en consideración a que es el común de las personas las que deben coincidir o no con lo que se hace o se deje de hacer, a través de procedimientos o decisiones de quienes están en capacidad de orientar el funcionamiento de un pueblo o de la comunidad internacional, nos encontramos a que el proceder de la autoridad puede ser o no legítimo; o, lo que es lo mismo, en el análisis sociológico – político, cuando el sentimiento de la población sintoniza con lo que decide su autoridad, se entiende, interpretando lo que desea y aspira el conglomerado social, estamos frente a que la decisión gubernamental tiene legitimidad.

El compromiso de los que tienen en sus manos el estar en condiciones de ejercer el poder, y cuyos alcances afectan a la sociedad, en lo interno o, a la comunidad internacional, en lo externo, deben tomar en cuenta de que lo que hacen o lo que deciden, debe estar basado en el estricto cumplimiento de lo establecido en las normas jurídicas vigentes, a fin de que dicho proceder sea considerado legal y, lo que es más, igualmente, debe contar con la aceptación de la población, sobre la que recae los efectos del ejercicio del poder.

Entre la legalidad y la legitimidad es el ámbito dentro del cual se desarrolla la administración del poder dentro de los países, así como la forma o manera de cómo se orienta el funcionamiento de la dirección de la comunidad internacional.

Precisamente, cuando se analiza el cómo se instrumenta la aplicación de estas dos importantes características del ejercicio del poder, nos damos con la ingrata sorpresa de que respetar lo que dice la norma, para algunos, es innecesario si se quiere llegar a alcanzar un determinado objetivo. Por lo tanto, se aplica el criterio de que “el fin justifica los medios”. Esto, por cierto, es atentar contra el Estado de Derecho, en el ámbito interior de los países; y, en lo exterior, se afecta el cumplimiento de los tratados internacionales, en el que se exige a los “países pequeños” sujetarse a sus compromisos interestatales, aunque los países desarrollados lo interpretan o cumplen anteponiendo sus objetivos o aspiraciones particulares, afectando el interés de los países en proceso de desarrollo.

Pero, además, se debe observar con evidente preocupación que la voluntad de una comunidad no siempre es tomada en cuenta y, en su defecto, se actúa en contra de sus intereses y aspiraciones, originando reacciones no queridas o violentas, al verse sometida a decisiones que no satisfacen sus aspiraciones. Y, en el panorama internacional, es todavía más reiterativa esta realidad, donde poco interesa la convivencia pacífica internacional, anteponiendo a ella el objetivo de algunas potencias de mantener el control del manejo de la relación entre los Estados, aunque ello signifique atentar en contra del bienestar y la seguridad de las comunidades nacionales.

Corresponde a las autoridades nacionales y a quienes dirigen la sociedad internacional de encontrar que, en algún momento, esperemos no muy lejano, puedan coincidir la legalidad con la legitimidad en el manejo del poder político.

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