La necesidad de una sana política minera

Es una verdad de Perogrullo que el Perú es un país rico en recursos naturales mineros por la naturaleza geológica de nuestro territorio, pero también no es menos cierto que tal diversidad viene acompañada de inmensas dificultades geográficas y de múltiple índole, que complica el bienestar de la nación. A lo que debemos agregar que esa riqueza tiene una dimensión limitada o finita, que obliga a una explotación racional que beneficie al país en su conjunto, comenzando por el Estado, así como a toda la población, desde la que se encuentre cerca de los lugares de explotación, pero que también incluya al resto de sus habitantes a lo largo y ancho de nuestro territorio.
La minería es una actividad esencial para la supervivencia humana sin la cual simplemente no podríamos existir. Sin embargo, también es preciso entender que agrede y transforma al ambiente, razón por la cual debe ejercerse respetando determinadas normas que eviten o disminuyan al máximo sus consecuencias tóxicas por la utilización de sustancias nocivas a la salud e, igualmente, que solucione y/o remedie los pasivos que inevitablemente deja en el curso de su ejercicio. Al mismo tiempo debemos entender que es una actividad económica que se realiza porque genera beneficios lucrativos a las empresas que la ejercen. Asimismo, debemos tomar conciencia de que existen grupos humanos que la llevan a cabo con limitada o precaria tecnología, que en muchas situaciones es incompatible con el mejor cuidado del ambiente.
Para solucionar estas dificultades —quizás sería mejor considerarlas como un desafío— se han dictado muchísimas normas jurídicas que no solo regulan su ejercicio en sus más variados aspectos, sino también pretenden crear un cuadro jurídico que compatibilice su explotación con el bien común del Perú. En esa disyuntiva nos movemos partiendo de la base de que la ganancia que la incentiva sea legítima y simultáneamente fiscalizable de una forma práctica y entendible para el ciudadano. Desgraciadamente no siempre es así por la abundancia de leyes, particularmente ambientales, que generan un cuadro confuso difícil de entender, no solo para el ciudadano común y corriente, sino para las autoridades y funcionarios responsables de su cumplimiento.
Entonces nos preguntamos, ¿por dónde empezamos, por el huevo o por la gallina? En estas circunstancias quizás debamos optar por la gallina, en otras palabras, por el aprendizaje y comprensión de las leyes ambientales vigentes, de una manera que, una vez internalizadas, así fuere defectuosamente, pasemos a su revisión y derogatoria en todo aquello que obstaculice un sano desarrollo de la industria minera. En particular, se debe distinguir entre la minería informal que puede ser formalizada, de la ilegal que debe ser eficazmente erradicada.
La ignorancia del tema jurídico solo conduce a la confusión, lo cual aconseja que empecemos por el principio como una obligación nacional del Estado peruano, que recae primero sobre sus autoridades al nivel que fuere, pero no exclusivamente sobre ellas. Es una tarea que también debe ser asumida en primer término por las entidades representativas de la producción, los colegios profesionales, las universidades, los medios de comunicación, así como el ciudadano beneficiado directa o indirectamente por la minería y, en última instancia, el público en general. En caso contrario, el Perú retrocederá en lugar de avanzar en la senda del progreso.

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