La nefasta dictadura judicial
Al politizarse la justicia y judicializarse la política, el centro neurálgico del poder político peruano estriba ahora en una dictadura judicial. Gustavo Gorriti fue el autor intelectual de semejante desviación de nuestro Estado. El objetivo fue controlar desde allí el caso Lava Jato. De por medio estaban los intereses de El Comercio, portaviones usado por Gorriti para neutralizar a quienes se opusiesen a que secuestre el Estado a través del control del poder Judicial, la fiscalía y la Junta Nacional de Justicia. Resguardar a El Comercio implicaba defender, a cambio, a José Graña MQ. Según los indicios que hay a la fecha sobre la lenidad de los procesos y/o la superficialidad y complicidad con que actúan los fiscales Pérez y Vela Barba respecto a Odebrecht/Graña –jamás registraron las oficinas y los domicilios de sus ejecutivos ni congelaron activos, etc.- todo apunta a que más temprano que tarde Graña y Odebrecht acabarán liberados de sus procesos civiles/penales. Pero Gorriti tenía una piedra en el zapato: el Ministerio Público. Para sacarla apeló al culebrón “Los Cuellos Blancos”, cuya meta fue implosionar el sistema judicial. Primero presionó para que renuncie quien era presidente del poder Judicial, Duberlí Rodriguez. Acto seguido, necesitaba salir del entonces fiscal supremo Pedro Chávarry, quien estaba en línea directa para ocupar el cargo de Fiscal de la Nación; puesto al que finalmente accediera para desesperación de Gorriti. Acorralado, este buscó al miserable Vizcarra, que mojaba sus pantalones temblando porque un fiscal conocía sus corruptelas en la gobernación moqueguana y otro en el affaire Chinchero. Vizcarra –quien se encontraba en Brasilia- plantó una invitación oficial, y volvió a Lima “porque Chávarry no puede seguir un día más como Fiscal de la Nación”. El resto es historia. Hoy Gorriti/Vizcarra controlan políticamente el país desde el sistema jurídico.
Pruebas al canto. 1) El JNE no ve las horas de proclamar presidente al Pedro Castillo; 2) la Fiscalía amenaza a Keiko Fujimori con hacerla regresar al presidio; 3) el JNE no completó su número de miembros; 4) Salas Arenas, su presidente comunista, se jacta del doble voto; 5) rechaza pedirle a ONPE el padrón electoral que exhibiría el fraude montado por las huestes comunistas; 6) suspendió al delegado de la Fiscalía que se alejó del encargo denunciando fraude; y 7) prohibió a los denunciantes del fraude en mesa presentar pruebas después de las 8pm del día fijado, etc. Asimismo, subsisten denuncias por robo y cobro de coimas en la gobernación de Junín, saqueos aportados a la campaña de Castillo según una fiscal regional. ¡Pero la Fiscal de la Nación no ve indicios de fraude electoral! En síntesis, la fiscal Ávalos y el JNE -presidido por Salas- son cómplices de un fraude electoral para favorecer Castillo y cederle esta nación al comunismo, como ordena el ucase del Foro de Sao Paulo al que Gorriti rinde pleitesía.
Finalmente una juez supernumeraria ordena al Congreso no elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, otro eje de la dictadura judicial que dirige Gorriti, allanándole la entrega de nuestra patria al comunismo.
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