La nueva ley de promoción agraria y el bono especial BETA
La historia reciente del sector agrícola peruano ilustra cómo una política bien intencionada, pero mal calibrada, puede deshacer años de progreso sostenido. Promulgada en el año 2000, la Ley N.º 27360 (popularmente conocida como Ley Chlimper) marcó un antes y un después en la agroexportación formal: redujo el impuesto a la renta y flexibilizó el régimen laboral, generando un auge sin precedentes en la inversión y la formalización rural.
La Ley 27360: un régimen promocional que impulsó la formalización
La Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), vigente desde el año 2000 hasta su derogación en 2020, representó uno de los experimentos más ambiciosos de flexibilización laboral y tributaria en el Perú. Su diseño se basaba en tres pilares: contratos temporales adaptados a la estacionalidad del agro, una tasa reducida de impuesto a la renta empresarial (15 %) y beneficios tributarios para fomentar la inversión. Este régimen permitió que miles de empresas agroexportadoras —especialmente medianas y pequeñas— accedieran a la formalidad.
Entre 2011 y 2020, el empleo formal en el sector pasó de 940 000 a más de 1,01 millones de empleos formales equivalentes, según estimaciones de las cuentas nacionales del INEI (ver Gráfico 1).
La Ley 31110 (Ley Sagasti)
Dos décadas después, en medio de tensiones sociales y bajo el gobierno transitorio de Francisco Sagasti, el Congreso reemplazó la Ley Chlimper por la Ley 31110. Esta nueva legislación no solo eliminó los beneficios tributarios, sino que añadió el Bono Especial para el Trabajador Agrario (BETA) e introdujo medidas como la sindicalización por rama y la contratación preferencial de trabajadores previos. Su objetivo fue mejorar las condiciones laborales del trabajador del agro.
Sin embargo, sus efectos han sido contraproducentes: el agro formal se ha debilitado, la informalidad ha repuntado y la competitividad sectorial se ha erosionado. La Ley 31110 introdujo el BETA (un bono especial del 30 % sobre la remuneración mínima vital) y una serie de rigideces laborales que ignoran la estacionalidad del agro. ¿El resultado? Un incremento de costos laborales que ha empujado a las empresas pequeñas a la informalidad y a las grandes a la mecanización. Hoy, el 93 % del agro es informal. Se estima que se han perdido más de 80 000 empleos formales entre 2020 y 2024 (ver Gráfico 1).
El BETA, lejos de dignificar el trabajo agrario, lo ha precarizado. No porque el trabajador no merezca mejores condiciones, sino porque imponerlas sin considerar la realidad productiva destruye el empleo formal. Las agroexportadoras compiten en mercados globales donde otros países subsidian o flexibilizan. Aquí, se les castiga con sobrecostos y burocracia.
Los legisladores han ignorado la ley fundamental del trabajo según la cual la remuneración corresponde a la productividad marginal del trabajo. Si el sueldo mínimo es ya una rigidez de por sí en el caso peruano, el bono BETA eleva el costo salarial en promedio 30 % de manera arbitraria y, como consecuencia, obliga al empresario agropecuario a recurrir a la informalidad laboral para sobrevivir.
La nueva ley de promoción agraria
En junio de este año, el Congreso aprobó en primera votación una nueva ley agraria que sustituye a la 31110. Aunque busca corregir algunos excesos, no recupera los incentivos clave que impulsaron el dinamismo agroexportador, especialmente la flexibilización laboral. La nueva norma podría limitar —en lugar de potenciar— el desarrollo del sector agropecuario.
Un grupo de destacados economistas critica la nueva ley como mercantilista y advierte que reducirá los ingresos del fisco en un momento en el que se requiere disminuir el déficit fiscal. ¿Es un gasto tributario perjudicial apoyar a un sector que probadamente genera empleo rural, diversifica la economía y promueve la formalización? La tasa del 15 % no es una dádiva: es la tasa a la que tiende la tributación mundial. Retirarla sin ofrecer alternativas y manteniendo la inflexibilidad laboral, como lo es el bono BETA, es condenar al agro a la informalidad o al estancamiento.
Si el boom agroexportador ha probado algo es que la tasa del 15 % debería ser la meta hacia la cual converja el IRPJ de todos los sectores. Una elevada tasa del impuesto a la renta castiga la generación de empleo formal. El impuesto a la renta debería concentrarse más en los dividendos y otras fuentes de ingresos de las personas naturales, y no en las empresas.
El agro moderno necesita flexibilidad, no rigidez. Necesita incentivos, no castigos. Si queremos terminar con la pobreza rural, evitar la tugurización de Lima y consolidar una economía descentralizada, debemos repensar el marco laboral y tributario agrario. No desde el dogma, sino desde la evidencia. Nadie puede negar el éxito de la actividad agroexportadora, no solo en el nivel de exportaciones, sino también en la generación de empleo formal.
El incremento de los costos laborales —que ya representaban entre el 50 % y el 60 % de los costos totales de las agroexportadoras— se volvió insostenible para muchas empresas. El BETA, en particular, ha elevado los costos laborales en hasta 80 %, según cálculos de algunos analistas. El resultado ha sido una reversión del proceso de formalización. La informalidad laboral en el agro, que rondaba el 80 % antes de la derogación, se estima hoy en 93 %. Las empresas más pequeñas han abandonado la formalidad, mientras que las grandes han optado por mecanización, reduciendo el empleo estacional.
¿Es la tasa de 15 % un gasto tributario o una palanca de desarrollo?
La restauración de la tasa de impuesto a la renta de 15 % para el sector agropecuario ha sido objeto de debate. Algunos economistas, más papistas que el Papa, la consideran un gasto tributario injustificado, un mercantilismo puro que erosiona la base fiscal. Sin embargo, esta visión ignora el rol estratégico del agroexportador en la diversificación productiva, la generación de empleo rural y la formalización.
El aumento de las agroexportaciones no solo se logra con las grandes inversiones de irrigación, como Majes, Chavimochic y Olmos. Se requiere una gran inversión privada en plantaciones y tecnología que, sin un marco jurídico adecuado, seguridad y flexibilidad laboral, no se logrará.
Desde una perspectiva de política fiscal eficiente, la tasa reducida puede verse como una inversión pública indirecta: al fomentar la formalidad y la reinversión, se amplía la base tributaria a mediano plazo. Además, el agroexportador peruano compite en mercados internacionales donde otros países ofrecen subsidios, exenciones o regímenes especiales. En el caso peruano, además, es necesario flexibilizar la actual legislación laboral del agro, eliminando el bono BETA y otras rigideces que afectan al principal costo de la actividad agropecuaria: el trabajo. Ignorar estas rigideces puede condenar al sector a la informalidad o al estancamiento.
Conclusión: ¿Flexibilidad o rigidez?
La experiencia peruana muestra que la flexibilidad laboral, cuando está bien diseñada y acompañada de incentivos tributarios, puede ser una herramienta poderosa para formalizar empleo y dinamizar sectores estratégicos. La Ley 27360 no fue perfecta, pero su impacto positivo en el agroexportador es innegable.
La Ley 31110, en cambio, introdujo rigideces que, lejos de mejorar condiciones laborales, han empujado a miles de trabajadores y empresas hacia la informalidad. El BETA, aunque bien intencionado, ha demostrado ser económicamente inviable para un sector intensivo en mano de obra.
Restablecer un régimen laboral flexible eliminando el bono BETA y mantener una tasa de impuesto a la renta diferenciada no debe verse como una concesión fiscal, sino como una política de formalización laboral y desarrollo rural y productivo.
Si el Perú quiere consolidar una clase media rural y diversificar su economía, debe repensar su marco laboral y tributario agrario con pragmatismo y visión de largo plazo.
(El contenido de esta columna se puede consultar en http://www.prediceperu.com/).
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