La peligrosa inseguridad jurídica peruana
Vizcarra viene abriéndole paso a la libertad a todos los imputados por corrupción al haber puesto de manifiesto la politización del Ministerio Público. Consecuentemente, del Sistema Jurídico nacional. Los procesos de este último dependen en gran medida de la investigación, sustento y alegatos que formulen unos fiscales que, como el caso de las prima donna de Lava Jato, Domingo Pérez y Rafael Vela, mantienen un perfil de exagerada empatía con el todavía presidente. Obviamente la Justicia norteamericana estaría cavilando su fallo para extraditar –o no– a Alejandro Toledo. Un estudiante de Derecho alegaría que, en el Perú, Toledo no tendrá un proceso justo a resultas del cúmulo de casos que a diario aparecen publicados, dando cuenta de parcialidades del sistema jurídico. Ejemplos: el pacto secreto firmado por el fiscal Pérez y la corrupta Odebretch que aparentemente beneficiaría a esta última; las simpatías de los fiscales Vela y Pérez por los medios que financia el Ejecutivo, filtrándoles permanentemente información reservada, con lo cual quebranta el principio de discreción que manda la ley (inclusive en casos de testigos protegidos y/o colaboradores especiales): o estos enredos fabricados por Zoraida Ávalos, Fiscal de la Nación, para cubrirle las espaldas a Vizcarra. Perú es un país bananero que no ofrece garantías jurídicas.
Recordemos finalmente a Vizcarra saliendo despavorido de Brasil porque Pedro Chávarry, entonces Fiscal de la Nación, removió de la fiscalía anticorrupción a los fiscales Vela y Pérez. Llegando a Lima, Vizcarra anunció que lideraría una cruzada para “cambiar” al fiscal Chávarry, revelando su desprecio por la independencia de poderes. Porque pese a que constitucionalmente forma parte del Sistema Jurídico que lidera el poder Judicial, Vizcarra ha politizado nuestra Fiscalía digitándola con impresentable desparpajo. La Fiscalía persigue a quien se oponga a un presidente gangrenado por la podredumbre. ¡Protestamos por lo que ocurre hoy con el periodista César Hildebrandt!
Los antecedentes de esta impronta autocrática quedarían confirmados, asimismo, por el golpe de Estado que perpetrase Vizcarra para clausurar el Congreso y obligar a los peruanos a elegir –a volapié– otro, con plazo de vigencia de apenas quince meses. El resultado lo tenemos en el Parlamento vigente. Pleno de remilgos, temores y tonterías, motivado por intereses de toda índole privilegiándose las iniciativas personales de los legisladores.
La conducta que observáramos tras fracasar la primera moción vacatoria para Vizcarra, reveló ese talante de los actuales padres de la patria. Ahora, la segunda iniciativa para vacar al aún presidente –sustentada esta vez por acusaciones fiscales cargadas de declaraciones de colaboradores eficaces– pareciera que correrá el mismo destino. Es decir, su archivo por falta de valor de muchos parlamentarios. O repetimos, por intereses subalternos, induciendo a pensar que la mayoría congresal simpatizaría con el golpista Vizcarra. Por cierto, éste gobierna sin fiscalización del Legislativo, cuya función consiste precisamente en controlar al Ejecutivo. Esa invasión de fueros es otro argumento para que los peruanos procesados por nuestro sistema judicial denuncien la politización de aquel derecho fundamental en la vida democrática –la separación de poderes– que corroe a nuestro agonizante Estado de derecho.
