La pesadilla de los propietarios en Perú y España

Recientemente, un grupo de 120 inmigrantes peruanos ocupó ilegalmente 28 departamentos en condominios de lujo en Madrid, generando un clima de inseguridad y hostigamiento para los residentes legales. Esta situación expuso nuevamente las falencias del sistema legal en España, que hasta ahora permitía que los okupas se amparen en vacíos jurídicos para extender su permanencia. Sin embargo, a partir de abril de 2025, entrará en vigor la nueva ley ‘antiokupas’, la cual reducirá significativamente el tiempo necesario para desalojar a los ocupantes ilegales, resolviendo estos casos en un máximo de 15 días. No obstante, esta ley solo protege a los propietarios en casos de ocupaciones ilegales desde el inicio, pero no cubre la problemática de los inquilinos que permanecen en el inmueble sin pagar renta tras el vencimiento o anulación del contrato, conocidos como morosos profesionales, lo que deja desprotegidos a muchos propietarios.
En España, la ocupación ilegal de inmuebles ha sido un problema creciente. Según datos del Ministerio del Interior, en 2023 se registraron 15,289 denuncias por ocupación ilegal, concentrándose el 41 % de los casos en Cataluña. Actualmente, desalojar a los okupas y morosos profesionales en España puede tardar más de nueve meses, lo que genera un enorme perjuicio para los propietarios.
En Perú, tenemos figuras similares a las de España, con el ocupante precario, similar al okupa, y el inquilino precario, similar al moroso profesional, cuyos procesos de desalojo pueden llegar a tardar dos años o más, en gran medida debido a la ineficiencia del sistema judicial y a la falta de mecanismos expeditivos para la recuperación de inmuebles. Para empeorar las cosas, muchos propietarios caen en engaños de abogados que les aseguran que, con cláusulas específicas en sus contratos de alquiler o mediante conciliaciones previas, evitarán estos problemas. Sin embargo, la realidad es que los procesos de desalojo terminan, inevitablemente, en juicios largos y costosos.
La única manera efectiva de evitar inquilinos precarios o morosos profesionales es realizar una selección rigurosa de los inquilinos, lo que eleva los requisitos y encarece el costo del alquiler. Esto, a su vez, genera un mercado inmobiliario más restrictivo y menos accesible, afectando directamente la inversión en el sector inmobiliario y reduciendo las opciones de vivienda para sectores de menores ingresos; algo que ya viene pasando en España.
La ocupación ilegal de inmuebles no solo afecta a los propietarios desde un punto de vista financiero, sino que también genera un impacto emocional y psicológico considerable. Muchos de los afectados son adultos mayores que han invertido los ahorros de su vida en propiedades para obtener ingresos pasivos mediante el alquiler; algo que se hace más dramático en el Perú, debido a las grandes deficiencias del sistema de pensiones. La incapacidad de recuperar su bien de manera rápida, sumada a la obligación de pagar tributos y otros gastos, los coloca en una situación de gran vulnerabilidad. Incluso, en algunos casos, los ocupantes ilegales extorsionan a los propietarios, exigiéndoles altas sumas de dinero para abandonar la propiedad.
Frente a esta problemática, Perú debe plantear una reforma legislativa propia que contemple tanto la ocupación ilegal como el problema aún mayor de los inquilinos precarios que no abandonan el inmueble tras el vencimiento o anulación del contrato. La justicia, cuando llega tarde, deja de ser justicia. Procedimientos administrativos más expeditivos, sanciones efectivas para quienes ocupen ilegalmente un bien ajeno y la posibilidad de intervención de las fuerzas del orden sin necesidad de juicios prolongados podrían representar soluciones viables. Además, se debe garantizar un equilibrio que proteja tanto a los propietarios como a inquilinos legítimos, evitando abusos en procesos de desalojo exprés.
En este sentido, la reforma antiokupas en España implica un avance significativo para ese país, pero no resuelve completamente la problemática de la ocupación ilegal ni de los inquilinos que se niegan a desalojar tras el vencimiento o anulación de sus contratos. Respecto a Perú, es fundamental avanzar hacia una legislación que proteja realmente a los propietarios, asegurando procesos de desalojo eficientes y justos para todos los involucrados.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, X, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.