La postergada Reforma de la Justicia
Como bien sabemos, el Estado de Derecho no se configura por la simple vigencia y cumplimiento de un sistema jurídico, pues la Alemania de Hitler o la Cuba de los Castro hubieran también calificado.
La esencia del concepto reposa en la noción del Rule of Law inglés, en la presunción de que un conjunto de reglas jurídicas surgidas de la ideología liberal del siglo XVII limita de manera efectiva al poder. Para lograrlo, es necesario que esas reglas estén enraizadas en la sociedad; el sentido común de cada ciudadano debe considerar ineludible su cumplimiento, comprometiendo así la conducta de la élite política, necesitada siempre del apoyo de los electores.
Para concretar el Estado de Derecho, es fundamental diseñar una administración de justicia capaz de obtener respeto social en función de la idoneidad de sus componentes, de la celeridad de los procedimientos y de la calidad de sus decisiones. Lamentablemente, en el Perú republicano la justicia nunca disfrutó de la respetabilidad inglesa o alemana, pero la situación actual es sumamente grave.
En la última década se ha envilecido la administración de justicia. Al tradicional retardo, producto de códigos de procedimientos innecesariamente complejos, se agregaron, a manera de garantías procesales, todos los subterfugios que los procesalistas pudieron haber inventado, olvidando que el objetivo del proceso es lograr una solución jurídica y no eternizar la relación del abogado con los ahorros del cliente.
Los procesos civiles pueden durar el doble de tiempo que hace 50 años, pues hasta los incidentes llegan a la Corte Suprema, con el lógico resultado de decenas de miles de causas sin resolver. El proceso penal contempla más de 40 tipos de audiencias, para mayor lucimiento del juez y cobro del abogado, de manera que es un triunfo épico lograr una sentencia condenatoria.
Al problema de la corrupción se sumó uno igual de grave: la politización de la justicia, producto de la judicialización de la política. Algunas ONG han logrado destruir las carreras de prestigiosos fiscales, reemplazándolos con personas sin mérito ni tesis, ignorantes con títulos y grados de fantasía, para poder utilizarlos contra sus adversarios políticos o incluso extorsionar a empresarios.
En las Cortes, la provisionalidad triplica en número a los titulares porque permite la subordinación de jueces temporalmente promovidos, para manipular los procesos.
Las investigaciones son magnificadas o archivadas según convenga al poder oculto; algunos jueces y fiscales trabajan con activistas y periodistas orquestando campañas mediáticas, convirtiendo en un circo romano lo que debería ser una justicia seria, imparcial e independiente.
Por eso urge una profunda y verdadera reforma de toda la administración de justicia, apuntando a formar profesionalmente a nuevas generaciones de jueces y fiscales con verdadera vocación.
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