La Remuneración Mínima Vital, ¿decisión técnica o política?

Tras revelarse que el Gobierno estaría planteando un aumento de S/105 a la Remuneración Mínima Vital (RMV), el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo señaló que aún se espera el informe para decidir en el pleno del Consejo Nacional de Trabajo (CNT) sobre el incremento.
La regulación de la RMV en el Perú se enmarca en el artículo 24 de la Constitución, el cual señala que las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores.
Ahora bien, como la regulación de la RMV requiere la participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores, es preciso que el mecanismo de diálogo social y concertación laboral que utilice el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sea el CNT. Por esta razón, se establece que sea este consejo el que participe en la regulación de las remuneraciones mínimas.
Los últimos aumentos del salario mínimo (Castellares et al., 2022) registran un patrón particular, que parecería estar relacionado con factores políticos y no necesariamente técnicos. Entre 2002 y 2019, 10 de los 12 aumentos de la RMV han coincidido con periodos electorales (definidos como los 6 meses antes y después del cambio de gobierno) o con momentos de baja aprobación presidencial (periodos en los cuales el porcentaje de aprobación se encontró por debajo del promedio de los últimos 12 meses).
Actualmente, la RMV de S/1,025, vigente desde el 1 de mayo de 2022, equivale al 64,7% del ingreso promedio de los trabajadores dependientes que trabajan a tiempo completo, calculado a partir de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del año 2021. Dicho porcentaje es mayor al observado en 30 de los 31 países miembros de la OCDE, para los cuales este organismo reporta información.
Esta estadística indica que el nivel de la RMV en el Perú es relativamente elevado en relación con el ingreso promedio nacional, lo cual podría tener efectos no deseados, ya que un salario mínimo cercano al ingreso promedio podría hacer que las empresas o actividades con bajos niveles de productividad resulten menos viables y, por tanto, que menos trabajadores sean contratados de manera formal.
En el caso peruano, el informe “Crecimiento de la productividad y reajuste del salario mínimo”, aprobado por el CNT en el año 2007, propone que la actualización de la RMV se aplique en periodos de normalidad, esto es, cuando no ocurra: (i) una profunda recesión; (ii) un fuerte aumento de la tasa de desempleo abierto; (iii) un incremento significativo de la tasa de informalidad laboral; o (iv) un alza desmedida de la relación entre el salario mínimo y el salario promedio.
Desafortunadamente, en el Perú, el incremento de la Remuneración Mínima Vital no ha respondido a una evaluación exhaustiva de las variables económicas y su impacto en el mercado laboral. Por el contrario, los reajustes del salario mínimo han sido utilizados, muchas veces, como una herramienta política para incrementar la popularidad del gobierno o de candidatos políticos específicos.
En ese sentido, el reajuste de la RMV se ha utilizado frecuentemente como herramienta de campaña, como fue el caso del expresidente Ollanta Humala en 2011 durante las elecciones presidenciales, para atraer popularidad, o por gobiernos con baja aprobación que buscan incrementarla frente a la población.
En consecuencia, el procedimiento arbitrario a través del cual se ha venido aumentando el monto de la RMV se aleja de variables económicas como la tasa de inflación o la productividad laboral y responde, en cambio, a incentivos meramente políticos, en perjuicio del empleo formal y la formalización de las PYMES.
Por ello, es necesario incorporar una serie de factores económicos en el reajuste de la RMV, con el fin de desincentivar su uso como herramienta política y que, en contraste, responda a un riguroso análisis técnico de la mano del CNT y del Ministerio de Economía y Finanzas.

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