La renovación del TC

La democracia es un fenómeno político medieval que avanza con el fortalecimiento progresivo de las clases medias urbanas. La presencia marginal de comerciantes ricos como representantes de los burgos en las Cortes Generales de León, evolucionó por la necesidad de incorporar a las élites intelectuales burguesas a la sala de máquinas del poder efectivo. A partir de la demanda por reducir las atribuciones del monarca, surgieron los partidos para canalizar la acción política de las distintas perspectivas programáticas, aprendiendo a tolerar al adversario y representando las variables del pensamiento político de la sociedad.
La democracia representativa es entonces la respuesta al necesario reconocimiento y legitimación de las diferencias no solo políticas, sino también económicas y culturales. Como no existe una sola verdad, los ciudadanos solucionan los conflictos a través de la dinámica entre las mayorías y minorías parlamentarias. Así, cuando la Constitución pide que los magistrados del Tribunal Constitucional sean elegidos por el Congreso con una mayoría calificada de 2/3 del total de parlamentarios, está manifestando su deseo de que cada uno de ellos represente una determinada corriente de opinión, una perspectiva ideológica o programática importante pero, al mismo tiempo, exige para su elección el acuerdo democrático de varios grupos parlamentarios, lo que tiende a descartar a los postulantes radicales y con menos pergaminos académicos.
De esa manera, el pleno del TC debería representar indirectamente a la comunidad política, encontrándose así legitimado para “hacer hablar” a la Constitución, otorgando un mandato normativo específico en cada uno de sus artículos o preceptos. El texto de 1993 es norma jurídica suprema, pero también es pacto social y político, por lo que su interpretación no puede quedar en manos de un grupo de supuestos independientes iluminados, estudiosos sin ninguna creencia programática previa. Primero, porque no existen abogados apolíticos, así como todas las personas tenemos determinado talante ideológico. Como en Alemania y España, se debe transparentar tanto los méritos profesionales y personales del postulante, como su identidad política, eligiéndolos calculando obtener un sano equilibrio, mediante un amplio consenso político.
Así como las decisiones del más alto tribunal de justicia constitucional no pueden responder a la matemática dictadura de un grupo sobre otro sin que exista la disposición de buscar la unanimidad, la imprescindible renovación del TC no puede constituir el Santo Grial de la política peruana, en la clave para seguir concentrando poder, aplastando y encarcelando a los adversarios. Seguir envileciendo las instituciones más importantes del Estado solo logrará abrir espacios en favor del autoritarismo que siempre acecha en Latinoamérica.

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