La revocatoria como instrumento de manifestación popular
Los procesos electorales son los medios que permiten que la ciudadanía elija a sus representantes y, como consecuencia de ello, los elegidos ejercerán el poder en nombre de sus electores, convirtiéndose dichos procesos en el mecanismo con el que cuentan las democracias representativas a fin de legitimar su funcionamiento.
Pero, para hacer posible que los sistemas democráticos dinamicen su desarrollo, no deben ser únicamente representativos sino también participativos; es decir, procurar que la población no se limite a participar solo en los procesos eleccionarios, sino que también tenga una participación más permanente y directa en la actividad política; es decir, en el manejo del poder.
Ello significa que la ciudadanía debe tener la posibilidad de ejercer directamente algunas atribuciones que también las ejercen sus representantes, y que en nuestro ordenamiento jurídico interno los conocemos como los derechos de participación directa en el manejo del poder, como son los derechos de iniciativa ciudadana en la formación de leyes y en la reforma constitucional y además del referéndum; y, asimismo, contamos en el Perú con las instituciones políticas que permiten que la población, directamente, controle al detentador del poder, a través de la revocatoria y remoción de autoridades, así como también con la demanda rendición de cuentas.
En esta oportunidad me voy a ocupar únicamente de la importancia de la revocatoria, como procedimiento de consulta popular, que permite que, así como la población tiene derecho de dar poder a quién o quiénes eligió, también debe tener el derecho de quitarles el poder antes que termine el período de tiempo para el cual se le eligió.
Como es lo usual y responsable, se hace necesario que la reglamentación de la revocatoria esté sujeta a que su aplicación se posibilite después de un plazo relativamente razonable de haber iniciado la autoridad su gestión de gobierno y no en el último año del mandato; así como también debe de darse curso al pedido de revocatoria luego que, con sus firmas, un sector de la población algo significativo sea el que la promueva y, lo más importante, para retirar a la autoridad cuya revocatoria se ha llevado a cabo, tiene que ser con un porcentaje de votos a favor que constituya ser, por lo menos más del cincuenta por ciento del número total de electores que aparecen en el padrón electoral correspondiente, y no como lo indica la norma vigente (“cincuenta por ciento más uno de los votos válidos”), como consecuencia de la modificación de la Ley 26300, promovida equivocadamente por quienes se consideraban “expertos” en materia política y electoral pero, desconocedores de nuestra particular realidad.
Si bien es verdad que la revocatoria es el medio más idóneo para permitir que sea el pueblo que manifieste su opinión, respecto a que si debe continuar o no en el ejercicio del poder la autoridad que eligió, también es verdad que, en el caso de nuestro país, el constituyente (que elaboró la Constitución vigente) y el legislador (que preparó la ley que regula el funcionamiento) “se pusieron a buen recaudo”, no permitiendo que la revocatoria les alcance a ellos ni a los integrantes del Poder Ejecutivo. Es decir, la población le puede quitar el poder, mediante la revocatoria, a los gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores de los municipios provinciales y distritales y, asimismo, a los jueces que asuman el cargo por elección popular; pero, lo que sí no podría hacer, a pesar que igualmente también los eligió, es quitarles el poder a los congresistas ni al presidente de la República, lo cual significa que, en el Perú, la revocatoria ha nacido con serias limitaciones, las cuales deben de ser eliminadas, para permitir que el pueblo, en todos los casos y en todos los niveles, esté en condiciones de quitarle el poder a quien se lo otorgó como consecuencia de una elección popular.
Por lo tanto, hay que exigir a los parlamentarios, representantes del pueblo que los eligió que se preocupen en dinamizar nuestra democracia, haciéndola más participativa y dando lugar a que se legitime el ejercicio del poder por parte de las autoridades electas.
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