La seguridad jurídica, clave para el desarrollo económico
La estabilidad y el respeto por el Estado de derecho son pilares fundamentales para el desarrollo económico de un país. Alfonso Bustamante Canny, presidente de la CONFIEP, lo expresó claramente al señalar que la falta de institucionalidad frena el crecimiento y perpetúa la pobreza. “Si no hay seguridad jurídica ni estabilidad política, quedaremos atrapados en la mediocridad”, afirmó.
La importancia de estos conceptos cobra mayor relevancia si observamos el caso de Venezuela. En las últimas dos décadas, la erosión de sus instituciones y el deterioro del respeto al Estado de derecho han generado una profunda crisis económica. Según Bustamante, esta experiencia muestra cómo, sin un marco institucional sólido, la inversión privada se paraliza y, con ella, las oportunidades de progreso.
En el Perú, la situación es preocupante. Desde hace diez años, la inversión privada permanece estancada. Este estancamiento no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una combinación de factores que limitan el crecimiento. Bustamante identifica cuatro desafíos principales: la débil presencia del Estado, la inseguridad jurídica, la excesiva tramitología y la inestabilidad política. Estos elementos crean un entorno incierto, donde las inversiones no encuentran el espacio propicio para desarrollarse.
Para superar estos obstáculos, es crucial fortalecer las instituciones. Un país con cuentas nacionales ordenadas no es suficiente; debe ser también un lugar donde se respete el Estado de derecho y las leyes se apliquen sin excepción. Esta solidez institucional es lo que permitirá que el Perú sea visto como un destino atractivo para las inversiones.
El impacto de la inversión privada en la generación de empleo formal y la reducción de la pobreza es innegable. Si logramos crear un entorno estable y predecible, la inversión se reactivará y con ella, el crecimiento económico.
La pobreza, que aún afecta a amplios sectores de la población, puede reducirse significativamente si se promueve un crecimiento sostenido basado en la confianza en las instituciones.
En conclusión, el camino hacia un desarrollo económico inclusivo y sostenible pasa por fortalecer la institucionalidad y garantizar la seguridad jurídica. Solo así, el Perú podrá atraer las inversiones que necesita para generar empleo, mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y avanzar hacia la reducción de la pobreza. El desafío es grande, pero la solución está a nuestro alcance si trabajamos juntos para construir un país con reglas claras y una justicia equitativa.
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