La SMV investiga a Credicorp
El titular de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), José Peschiera Rebagliati, ha anunciado que las empresas del Grupo Romero -Credicorp, Banco de Crédito del Perú (BCP), MiBanco y Pacífico Seguros- enfrentan procesos sancionadores por no haber revelado al mercado en su oportunidad los aportes que realizaron a las campañas electorales de Keiko Fujimori (Credicorp el 2011) y Pedro Pablo Kuczynski (las otras tres empresas el 2016).
La SMV agrega que investigará a otras grandes empresas supervisadas que realizaron aportes a la campaña electoral del 2011: Alicorp (US$ 200 mil), Buenaventura (US$ 200 mil), Cosapi (US$ 25 mil), Ferreycorp (US$ 100 mil), Graña y Montero (US$ 25 mil), ICCGSA (US$ 25 mil), Obrainsa (US$ 10 mil) y Volcan (US$ 200 mil).
Asimismo, el abogado Peschiera –ex BCP- anunció que el Consejo Consultivo del Mercado de Capitales instalado el 2018, se embarcará en la modificación del código de Buen Gobierno Corporativo y también el Reglamento de Hechos de Importancia, con asesoría del Banco Mundial, de manera que se incluyan situaciones imprevistas.
Toda iniciativa para otorgar mayor transparencia al mercado de capitales es muy bien recibida por los agentes económicos. Sin embargo, una denuncia presentada por Cerrón Muñoz SAC ante la Contraloría General de la República por conflicto de interés de Peschiera, señala que la SMV no cumplió con exigir a Aceros Arequipa que informe un Hecho de Importancia singular: el millonario proceso judicial que enfrenta por la devolución de su terreno en Pisco, a lo que se suma otro litigio similar en Chilca.
No obstante, la SMV y la Bolsa de Valores de Lima (BVL) tienen que afrontar de inmediato el reto de evitar que el MSCI (Morgan Stanley Capital International) reclasifique a nuestra bolsa de “mercado emergente” a “mercado frontera”, que en términos futbolísticos significa pasar de segunda a la tercera amateur.
Los megafondos de inversión suelen arriesgarse a mercados emergentes, pero correría de nuestra bolsa si pierde la categoría.
Para el exministro de Economía Alonso Segura, las AFP peruanas, al concentrar el 60% de las acciones que se transan en la BVL, absorben la liquidez porque no se desprenden de su cartera, lo que ha llevado a que las transacciones diarias pasen de los US$ 25 millones del 2012 a los US$ 10 millones del 2020, que significa “menor valor, menos negocio, menos impuestos, menos puestos de trabajo y, sin duda alguna, una menor competencia”, según acota Carlos Rojas de la SAP Capia.