La sombra del tirano

En línea a lo que manifiesta la Carta Democrática Interamericana, es impensable calificar a un gobierno de democrático si es que éste carece de probidad, no es transparente ni responsable en la gestión pública y no respeta derechos esenciales como el de la libertad de expresión.

Este gobierno está próximo a cumplir un año en el poder y, lamentablemente, sus logros en lo económico y social son nulos. Sin embargo, el mayor problema dejó de ser la incapacidad de gestión o la ausencia de méritos en los nombramientos ministeriales. Hoy, las luces de alerta deben encenderse ante la vulneración sistemática de derechos.

El actuar de Castillo es recurrente vulnerando la libertad de expresión y de prensa. Le ha negado a la ciudadanía el derecho a informarse sobre su gestión. No rinde cuentas, ni en conferencias ni en entrevistas a los medios de comunicación, con quienes mantiene una relación tensa y distante. Pero lo más grave, es intentar ponerle una mordaza al periodismo de investigación y a los operadores de justicia distorsionando el sentido de la reserva de la investigación penal convirtiéndolo en un cuasi “secreto de Estado”.

En un país con un elevado índice de percepción de la corrupción, alentada por las dilaciones en procesos emblemáticos como “lava jato”, es fundamental el seguimiento y control periodístico que ponga al descubierto los entrampamientos generados por la injerencia del poder político o económico en las investigaciones penales.

Asimismo, no podemos pasar por alto la posible conexión entre el gobierno y el secuestro de los periodistas que han investigado los casos de corrupción en los que presuntamente está involucrado Pedro Castillo y su familia por las rondas campesinas, coaccionándolos a rectificarse en público aseverando que las imputaciones son falsas. Hasta este momento, esta violación flagrante a la libertad de prensa no ha sido condenada de forma contundente por este gobierno.

Pero si esto ya es suficiente para usted, atribulado lector, el señor Castillo siempre le puede ofrecer más motivos de preocupación. El viernes nos sorprendió con un decreto supremo inconstitucional bajo la máscara de querer “democratizar la Derrama Magisterial” modificando al “caballazo” el estatuto, el consejo directivo y el monto de los aportes de sus asociados, vulnerando el principio de subsidiariedad estatal, el derecho de propiedad y la libertad de empresa. Este actuar intervencionista abre una puerta peligrosa que puede llevarnos a la toma del control arbitrario de instituciones privadas autónomas como bancos o universidades.

Estamos próximos a celebrar un aniversario más de nuestro nacimiento a la vida republicana con un gobierno que abiertamente vulnera y desconoce derechos, que no tiene intenciones de enmienda ni pretende rendir cuentas a la justicia ante las acusaciones de corrupción. Nada más lejano a una democracia y nada más parecido a lo que es vivir a la sombra de la tiranía.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram, y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.