La sostenibilidad financiera de las remuneraciones y pensiones militares
Durante muchos años, el Estado peruano ha enfrentado una crónica escasez de fondos, pues nuestra política fiscal no ha logrado ampliar la base de contribuyentes ni mejorar la baja tasa de recaudación tributaria. En este contexto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha optado por una de las soluciones más sencillas: mantener las remuneraciones del sector público en niveles muy bajos.
Los sectores de Defensa e Interior han sido de los más afectados, pues las remuneraciones de militares y policías han estado congeladas durante los últimos doce años, lo que ha provocado una pérdida del 49.5 % de su capacidad adquisitiva. A diciembre de 2024, la remuneración promedio de los oficiales era de solo 3,480 soles mensuales, y la de los subalternos, de apenas 2,129 soles. Esto impacta a 380,000 servidores públicos que están en la primera línea de defensa del Estado y de nuestra seguridad.
Desde 2022, hemos buscado diversas soluciones a este problema y, afortunadamente, el Gobierno ha comenzado a abordar esta injusta situación. Sin embargo, queda un tema pendiente: la escala remunerativa de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esta escala carece de un criterio técnico adecuado. Por ejemplo, un técnico jefe o supervisor, tras 35 años de servicio, percibe solo 650 soles más que un suboficial recién egresado. Es fundamental que el Ejecutivo revise esta escala en su totalidad, ajustando las planillas con los ascensos y modificando las remuneraciones de forma progresiva. Esto permitirá establecer un diferencial salarial que motive y reconozca el esfuerzo y mérito del personal.
Otro tema importante es el desbalance financiero del régimen previsional del Decreto Ley 19846, administrado por la Caja de Pensiones Militar Policial. Esta entidad, supervisada por el Ministerio de Defensa, ha informado recientemente que afronta un déficit actuarial de 125,000 millones de soles. Esta situación pone en grave riesgo la economía de miles de familias que han ahorrado durante años en su Caja para asegurar un ingreso mensual al final de su vida laboral.
Este problema no es nuevo; hace años se anticipó esta situación, lo que llevó al MEF a realizar cambios en el sistema previsional militar-policial. Sin embargo, veinte años después, la crisis no solo persiste, sino que se ha agravado.
Desde el Congreso hacemos un llamado urgente al Ejecutivo para que aborde estos problemas y brinde un futuro profesional estable a los jóvenes que deseen unirse a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ellos, sin duda, cumplirán con su deber de defender la vida y el patrimonio de nuestros compatriotas y garantizarán nuestras libertades cuando les toque dirigir nuestras instituciones militares en la segunda mitad del siglo XXI.
Por Jorge Montoya Manrique
*Congresista de la República
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