la suerte del contralor

Tiene suerte el Contralor General de la República, Nelson Schack. Tiene la suerte de contar en el Congreso de la República con amigos particularmente poderosos y tan preocupados por su futuro que en diciembre pasado, 7 meses antes de que venza su período constitucional como Contralor, tres congresistas sumamente previsores, de las bancadas de Somos Peru, Podemos y Fuerza Popular, presentaron ante la Comisión de Constitución sendos proyectos de ley con un solo propósito: modificar la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, con el fin de permitir la continuidad en funciones del actual contralor hasta la designación por el Congreso –sabrá Dios cuándo– de su sucesor.

El dictamen aprobado por mayoría fue presentado en la última sesión del 14 de diciembre de la legislatura pasada. Algunos preguntamos durante el debate por qué debíamos de suponer que el Ejecutivo sería incapaz de someter una terna de candidatos para que el Congreso de la República elija al Contralor. Y por qué debíamos de suponer que seríamos incapaces de ponernos de acuerdo sobre la elección de una autoridad que debiera ser eminentemente de perfil técnico.

Sometida a votación, la propuesta de la Comisión de Constitución –presidida por la fujimorista Martha Moyano–no fue aprobada, como tampoco fue aprobada la moción de reconsideración. Solo que a último momento se admitió una nueva moción de reconsideración, del congresista Héctor Valer, el popular “bala de plata”, la cual deberá ser aprobada o rechazada en la nueva legislatura en marzo.

A este punto, la pregunta que surge es: ¿por qué tanto interés en mantener a un funcionario que no ha hecho nada efectivo por evitar la pequeña y la gran corrupción en el Estado, a pesar de los cientos de millones que recibe como “peaje” por la ejecución de las obras públicas? De hecho, el resultado más palpable de la construcción del imperio Shack en la Contraloría son los cerca de 4,500 nuevos empleados con los que cuenta y la masiva paralización de obra pública ante la duplicidad de funciones y el cuestionamiento sistemático de la ejecución de las obras en sus distintas fases y modalidades como resultado de un “control concurrente” basado en la desconfianza.

Para que luego no se diga que “el tiempo nos ganó”, un grupo de congresistas le hemos hecho llegar hace unos días una carta al premier Alberto Otarola recordándole la obligación de la Presidente de la República de hacer sus propuestas “Dentro de los tres meses previos al término del periodo de la designación del Contralor General de la República. Así que el Sr. Otarola no podrá aducir que –entre tanta visita de sus amigos y amigas– simplemente no tuvo oportunidad de pensar y discutir el tema con la Sra. Boluarte. Él y la presidenta ya están avisados. Y el Congreso, también.

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