La SUNEDU perjudicó a los estudiantes virtuales

El miércoles pasado, la PCM ordenó a SUNEDU dejar sin efecto la Resolución del Consejo Directivo N° 00006-2024-SUNEDU-CD, del 27 de febrero de este año (a solo unas semanas del inicio del semestre académico ya programado), que prohibía las clases universitarias 100% virtuales, esto porque un informe de la Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio de la Presidencia del Consejo de Ministros concluyó que la SUNEDU no cumplió con el debido proceso y vulneró el derecho de los estudiantes. Sin embargo, la SUNEDU ha respondido diciendo que no dará marcha atrás y que denunciará a la PCM por injerencia en sus funciones.

Al emitir la mencionada resolución, el Consejo Directivo de la SUNEDU no consideró que perjudicaría el derecho de los estudiantes que ya vienen llevando carreras virtuales, las cuales esta misma entidad reguladora validó años atrás (si bien durante el periodo de pandemia, vigentes y necesarias en el contexto de la Era Digital).
Además, lo hace en el peor momento, cuando ya todos habían organizado sus cursos según su disponibilidad de tiempo, muchas veces restringido por temas laborales, pues, la mayoría de estudiantes virtuales, lo son porque tienen un tiempo bastante ajustado, usualmente por tratarse de padres o madres de familia, teniendo que hacer malabares para poder cumplir con sus trabajos mientras se esfuerzan por educarse.

Si bien el consejo directivo de la SUNEDU aseguró que se buscaba que los “estudiantes universitarios reciban una formación integral y de calidad”, su decisión no parece haber estado basada en criterios técnicos ni en experiencias educativas universitarias, sino en conceptos arcaicos de lo que implica la educación, pues en distintos países del mundo se puede encontrar oferta educativa universitaria 100% virtual, que cumple con altos estándares académicos y trae grandes resultados a los estudiantes, incluso en posgrados.

Resulta paradójico que, a pesar del ingreso masivo a la virtualidad a consecuencia de la pandemia del Covid-19, las autoridades, supuestamente especialistas en educación, no consideren la importancia del uso de los medios digitales en la educación. Actualmente, existen diversas plataformas especializadas de enseñanza virtual (muchas construidas por las mismas universidades que brindan estos servicios), con herramientas, mecanismos de evaluación y contenidos que muchas veces pueden ser superiores a lo que se recibe presencialmente; algo que, evidentemente, se potenciará con la masificación de la Inteligencia Artificial.

La virtualidad brinda posibilidades similares a todos los seres humanos sin importar su contexto, en ese sentido, democratiza. Gracias a la virtualidad hay más acceso a información que nunca en la historia, hoy se puede encontrar libros que no había forma de que lleguen al país, nos podemos comunicar con personas en distintas partes del mundo en tiempo real y sin costos excesivos, las ideas y las denuncias se propalan mucho más rápido que antes, todos pueden opinar y encontrar a personas que piensan como ellos.

Lo mismo pasa con la educación, la virtualidad la democratiza: le permite a quien antes no estaba en capacidad de ir presencialmente a un aula (por diversas razones), el educarse y desarrollarse en la sociedad. Permite, además, superar las barreras que genera la distancia, pues no importa donde se esté, basta tener conexión a internet para recibir cátedra e interactuar con los compañeros de curso.

Lamentablemente, a pesar de que la PCM tenga razón, el daño producido por la Resolución del Consejo Directivo N° 00006-2024-SUNEDU-CD ya está hecho, pues muchas universidades se han visto obligadas a modificar su oferta educativa a última hora, perjudicando a miles de estudiantes, quienes han tenido que reorganizar sus horarios perdiendo algunos cursos y, en muchos casos, el semestre completo; algo ya irreversible a estas alturas, en que el inicio de clases está a solo unos días.

La pregunta que surge es: ¿cómo compensará la SUNEDU a todos los estudiantes perjudicados? ¿No merecen una sanción los funcionarios públicos que, con sus decisiones erradas (a pesar de que las sostengan contra viento y marea), generan perjuicio a los ciudadanos? La administración pública debe tomarse como algo serio, porque cada mala decisión afecta a cientos o miles de personas; en este caso, estudiantes universitarios que ven truncadas sus expectativas y objetivos a mediano plazo.

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