La trampa burocrática y el TC

En el Perú hay un poderoso sector de izquierda democrática que no suele contar con el apoyo de los electores, porque no conecta con las necesidades y aspiraciones de las mayorías. Gracias al apoyo militante de los medios de comunicación, logró una sonada victoria municipal con Susana Villarán, aunque al poco tiempo se transformó en paradigma de incapacidad de gestión y luego, de sistemática corrupción. No obstante, ha sabido mantener una importante presencia en los espacios de decisión desde la caída del régimen de Fujimori/Montesinos, supliendo la falta de votos con astutos artilugios. Uno de ellos es la creciente tramitología que algunas ONG han propiciado para el funcionamiento de los partidos políticos y la inscripción de sus candidatos, así como para la selección de jueces y fiscales supremos. Las exigencias son cada vez más complejas y, por tanto, es más fácil que el administrador pueda eliminar a quien desee, basta con una “estricta” revisión del expediente del adversario.

De allí que una de sus grandes aspiraciones sea controlar la atribución de elegir magistrados del Tribunal Constitucional; pasándola del Congreso, que con todas sus deficiencias representa a todas las tendencias políticas importantes del país, a algún organismo que ellos puedan manipular, con procedimientos y exámenes a cargo de la universidad que dominen. No se trata de algún posicionamiento teórico, tan solo es una obsesión por el predominio y su desprecio por el pluralismo político, coherente con su pretendida superioridad intelectual. El mayor problema en este escenario es el sentido común de la academia y del Congreso, quienes entienden que la atribución de efectuar la interpretación final de la Constitución no puede quedar en manos de un grupo de juristas convenientemente seleccionados por una ONG o universidad en mérito a su adscripción a una sola perspectiva ideológica.

Siendo la Constitución no solo norma jurídica fundamental, sino también un pacto social y político donde convergen diversas corrientes ideológicas, su interpretación no es únicamente técnico-jurídica; adicionalmente debe considerar la posible legitimidad de la solución que proponga a la comunidad política en cada sentencia. Aplicar sus principios y valores a un problema límite, para dar un adecuado contenido normativo a un precepto constitucional, es tarea de un colegiado integrado por juristas de diverso talante político, comprometidos además con la construcción de la mejor interpretación posible, mediante el debate franco y el posterior consenso. Por eso, la elección de los nuevos magistrados debe consistir en la selección de abogados de reconocida trayectoria, con nítido compromiso democrático, pero que reflejen en el apoyo de los grupos parlamentarios, la correlación de fuerzas que existen en la sociedad.

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