La transparencia del acuerdo con Odebrecht

El Tribunal Constitucional ha resuelto un caso importante en materia del derecho de acceso a la información pública en cuanto a los acuerdos de colaboración eficaz celebrados por el Ministerio Público. Los argumentos de la sentencia nos ayudan a entender el alcance y la importancia de la información contenida en estos acuerdos, en el marco de un proceso de investigación penal en torno a los actos de corrupción de la constructora Odebrecht.
El proceso de colaboración eficaz está a cargo del fiscal, quien es responsable de la conducción, negociación y celebración del acuerdo, manteniéndolo bajo su custodia. De otro lado, quien realiza el control del acuerdo para que se conduzca bajo parámetros legales es el juez. Este acuerdo, celebrado por el Equipo Especial del caso Lava Jato, tuvo como finalidad que la empresa entregue información a las autoridades peruanas sobre los actos de corrupción en los que incurrió en nuestro país, la cual permitiría además procesar a los responsables.
La celebración de este acuerdo generó muchas expectativas en cuanto a poder establecer las responsabilidades penales, esclarecer los delitos, identificar a los autores del delito, entregar bienes y ganancias relacionados al delito y hasta la desarticulación de organizaciones delictivas, propiciando la detención de sus líderes. Más allá del tiempo transcurrido y los cuestionables resultados, este significó un gasto público que debe ser plenamente justificado, por lo que es importante conocer el contenido para evaluar la utilidad del acuerdo.
Sin embargo, el Ministerio Público, en más de una oportunidad, ha defendido su reserva y se ha opuesto a develar su contenido, a pesar de que este acuerdo culminó con una sentencia emitida el 17 de junio de 2019 por el Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, además de ser divulgado en diversos portales web, lo cual fue puntualizado por el TC.
En este sentido, al contar con una sentencia consentida y ejecutoriada, el proceso penal recobra su carácter público y, por lo tanto, cualquier ciudadano puede acceder a la información del caso que no sea considerada sensible o esté expresamente exceptuada por la ley.
Esta sentencia valida la importancia que tiene la obligación de transparentar la información pública por parte de las instituciones estatales y más cuando se trata de actos en el marco de la lucha contra la corrupción, acciones emprendidas contra delitos que impactan en el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y que implican pérdidas patrimoniales para el Estado, así como un gasto público pagado por todos los peruanos, que merecemos conocer los términos y así poder evaluar si la labor que la fiscalía ha realizado en este emblemático caso ha sido adecuada.

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