La tremenda corte

Aunque este Gobierno reitere a los cuatro vientos que no existe en agenda evaluar el retiro de la competencia contenciosa de la Corte IDH con sede en San José, el debate está servido. Sin exagerar continúa abierto desde hace dos décadas cuando en los estertores del régimen fujimontesinista se decidió al caballazo el retiro de marras que, al final, resultó mero fuego fatuo porque fue rechazado de plano por la propia Corte y perjudicó gravemente –como le consta a este escriba– la ya precaria defensa –por no decir indefensión– en que quedaron varias demandas en trámite contra el Perú ante la Corte IDH por presunta violación de derechos humanos (DDHH). Ahora se vuelve a la carga.

Ante el tardío e indignante destape periodístico-cuando no tenía que ser la prensa independiente- de que el Sistema Interamericano de DDHH a través de la Comisión (CIDH) había admitido a trámite hace tiempo una petición del condenado delincuente terrorista Víctor Polay Campos por supuesta violación de sus derechos y garantías judiciales y carcelarias, desde la sucesora presidencial hasta varios miembros del gabinete presidencial, han manifestado a coro que el Estado ejercerá todos los medios de defensa contra ella y que la pretensión del criminal cabecilla del sanguinario MRTA será archivada sin llegar a la jurisdicción de la Tremenda Corte. Ver para creer, porque el problema de fondo es que la credibilidad y confianza del frágil gobierno de turno en esta materia –y en tantas otras– anda por los suelos. Pruebas al canto.

Primero, ocultó del saque la existencia del inaceptable asunto y si no es –nuevamente- gracias a la prensa independiente el país estaría en Babia. Segundo, eso de la gran defensa procesal que se anuncia, especialmente desde el Ministerio de Justicia, queda en veremos puesto que los primeros descargos presentados hace meses de poco han servido ya que la CIDH sigue adelante con el desaguisado lo que, dicho sea de paso, no sorprende dada su conocida inquina contra el país.

La verdad, quisiéramos equivocarnos, pero este Ejecutivo malagua difícilmente merece el beneficio de la duda en el asunto ni tampoco la Nación tiene la paciencia para soportar más despropósitos y aberraciones en su contra de las que ha padecido durante los últimos veinte años por obra de los organismos del Pacto de San José. Guste o no, el debate sobre el retiro de la competencia de la CIDH y de la Corte IDH proseguirá rondando por estos lares mientras tanto y, de llegar la necesidad de hacerlo, pues al menos que se haga bien y no se repita el penoso papelón cometido en la época fujimontesinista. ¡AMÉN!

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