La turbadora impunidad de Castillo
Algunos despistados no se explican por qué podrían bajarnos la calificación de BBB estable a negativa, si hay capacidad de pago. El déficit se ha reducido de 8.9% en el 2020 a 1.9% para este año y tenemos el nivel de deuda más bajo de Sudamérica. Financieramente, el Perú tiene amplia capacidad para responder por sus obligaciones crediticias, pero ello no es suficiente. Puede ser que hoy no se requiera acceder al mercado internacional, pero a este paso, con la cada vez más creciente tasa de informalidad y los golpes bajos a la minería, la recaudación fiscal crecerá poco o nada.
Las demandas sociales solo se incrementarán. A partir de la primera semana de noviembre se distribuirá un bono de S/270 a 6 millones de beneficiarios en extrema pobreza, absolutamente insuficiente para paliar la inseguridad alimentaria que afecta al 50% de la población. Castillo solo sabe calmar a sus votantes con dinero gratuito. Además, no me sorprendería que le volvieran a transferir presupuesto a Petroperú, que posiblemente se ha convertido en la caja chica del Gobierno, luego de que cayera todo el corrupto andamiaje montado por la red criminal chotana para adjudicar contratos públicos en el MTC y Vivienda a sus cómplices y allegados. 34 proyectos que generaron un perjuicio económico de S/ 130 millones en agravio del Estado. Más temprano que tarde emitirán deuda y no sería de extrañar que pudieran ser calificados “bonos basura”: alta especulación y altísimos intereses.
Salir del hoyo con este gobierno será complicado. La inestabilidad política, la falta de predictibilidad, la poca confianza en las instituciones y la pobreza desgarradora que solo incentiva la conflictividad social, son factores de riesgo muy altos, casi diría que directamente proporcionales al cinismo y mitomanía patológica de Castillo. Nos hacen un país muy vulnerable.
Además, abiertamente maltratan a la inversión privada, en abierta contradicción con sus amigables declaraciones internacionales. Un irresponsable y ligero fallo del Poder Judicial está obligando a empresas de electricidad con proyectos de transmisión eléctrica ya ejecutados o con avances al 90%, a pasar por un proceso de consulta previa, a pesar de que la norma fue dictada en forma posterior al inicio de las obras. El Minem tiene que pronunciarse y proteger estas inversiones de inmediato, de lo contrario, estarán sirviendo el chantaje a las comunidades en bandeja de plata. Lo único que lograrán es que disminuya la ya enrarecida confianza al país y exponerlo a una millonaria demanda en el CIADI.
Castillo está absolutamente acorralado por sus siete denuncias de corrupción. La activación de la Carta Democrática es una payasada de la OEA que hace mucho tiempo perdió la brújula. Plagada de progres ideologizados que buscan desesperadamente justificar su puesto. Con Almagro a la cabeza, estaba cantado que la iban a activar. Los sinuosos Forsyth y Rodríguez Cuadros no son mancos y salivan poder. Es una abierta intromisión a los asuntos internos de nuestro país y un claro irrespeto al trabajo de control político del Congreso y a la labor de investigación de la Fiscalía, realizadas en estricto cumplimiento de la Constitución, esa que el Gobierno solo respeta cuando le conviene.
Afortunadamente, las labores continuarán con la misma diligencia y firmeza, como claramente lo ha expresado Adriana Tudela. El delincuente solo está ganando tiempo y falsa compasión.
En democracia no todo es relativo, hay premisas irrenunciables. Hay quienes siempre encuentran motivos para justificar conductas a todas luces delictivas, como es el caso de Castillo y su insoportable victimización, pero es esencial recordar que sin presupuestos éticos la libertad se desnaturaliza, se desvincula de la responsabilidad y ello no se puede permitir.
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