La vacancia como instrumento político
En España, cuando el gobernante pierde el apoyo mayoritario del Congreso de los Diputados, la oposición presenta una moción de censura constructiva, forzando una votación que produce la caída del jefe de gobierno y designa a su reemplazante, quien lo sucede de inmediato. Un partido o alianza de partidos que componen la mayoría parlamentaria pueden sufrir una rebelión interna motivada por graves denuncias de corrupción gubernamental; en ese escenario, mientras el parlamentarismo le otorga una solución expeditiva, el presidencialismo norteamericano resuelve el problema con un impeachment que se inicia en la Cámara de Representantes y requiere una acusación por uno o varios delitos, una votación exitosa y luego la reiteración del mismo debate en el Senado, donde generalmente el procedimiento es frenado, tal como sucediera con Bill Clinton y Donald Trump, por gestión de los equipos presidenciales que tienen todo el poder de negociar voto por voto y salvar al líder de la vergüenza de ser expulsado de la Casa Blanca.
Pensándolo bien, el presidencialismo peruano acertó al mantener en su Constitución Histórica la peculiar figura de la vacancia por ‘incapacidad moral permanente’, que constituye en realidad un voto de censura enmascarado, pues depende de la decisión política del Congreso unicameral, el que debe reunir la mayoría calificada de dos tercios para despedir al gobernante, sin mayor expresión de causa, debiendo formular una acusación verosímil que signifique grave delito en torno a una inconducta evidente que haga insostenible la permanencia del indigno en Palacio. Algunos juristas preferirían un impeachment norteamericano, pero por su complejidad y duración, el procedimiento podría convertirse en un genuino factor de desestabilización política y económica, incluso mayor al actual; como también en un período terrible de intimidación, amenazas y manipulación de instituciones y grupos parlamentarios, propios de cualquier país latinoamericano donde, desde la policía hasta la Fiscalía de la Nación, podrían estar al servicio del gobernante de turno.
Así, la vacancia por ‘incapacidad moral permanente’ solucionó prontamente la ausencia de Alberto Fujimori y, al estilo de Nixon, provocó la renuncia de Kuczynski por un escándalo que redujo el soporte presidencial a una mínima expresión parlamentaria. Por eso, pedir al Tribunal Constitucional que ‘delimite’ la causal resulta inconveniente e innecesario, pues se trata de un mecanismo político que funciona con efectividad en un país que tiene a tres ex presidentes seriamente comprometidos por fundamentadas denuncias de corrupción y que descubrió en el último quinquenio haber sido gobernado por la peor ‘élite’ política de la historia de la República.
