La verdadera Dina

Según he venido insistiendo, con fundamento, en diversos artículos de esta columna, Dina Boluarte es parte del problema cuya responsabilidad mayor, aunque no exclusiva, recae en el golpista Pedro Castillo. Y fue parte privilegiada, pues no solo asumía el despacho y la función presidencial de la República cuando el golpista viajaba fuera del país, sino que por dieciséis meses fue titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión, tanto o más importante que los ministerios de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda y Construcción que por su gran presupuesto fueron asignados a personas de extrema confianza del chotano, inamovibles e implicados en grave e intensa corrupción, uno de ellos hoy fugado y acogido por la cómplice dictadura chavista.

El ministerio a cargo de Boluarte, el MIDIS, no solo ejecutó un gasto presupuestal mayor a dos dígitos en miles de millones de soles, con importante suma destinada a avisaje y publicidad en medios de prensa a nivel nacional, sino que de él dependían programas sociales como Juntos, Pensión 65, Contigo, etc., a cargo de la entrega de bonos -como el Yanapay- de varios cientos de soles cada entrega y supuestamente destinados a favorecer a más de un tercio de la población nacional.

Falta, o al menos no se conoce se haya hecho y sus resultados, la fiscalización concreta por parte del Sistema Nacional de Control sobre la moralidad en la ejecución de tales ayudas económicas directas, previstas para personas en real necesidad.

Los recientes actos de grave e inaceptable violencia que se han llevado a cabo en diversas zonas del país en los dos últimos meses, supuestamente en contra de Boluarte, más parecen destinados a continuar la agenda de destrucción del país que significó la llegada al poder de Perú Libre, con Castillo y su sucesora en el cargo. No otra puede ser la razón del remilgo y hasta omisión de esta última en hacer lo que debe para afirmar el principio de autoridad y lograrlo por medio de las dos instituciones previstas constitucionalmente para ese fin, como son la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Gravísimo sería que los vándalos protagonistas de actos como la captura y destrucción de aeropuertos, comisarías, sedes de fiscalías y juzgados, centros de producción, toma de carreteras, asesinato y secuestro de policías y hasta muertes de personas impedidas de trasladarse y recibir la atención médica requerida, sean activistas que recibieron por casi dos años pago adelantado por sus fechorías mal usando los bonos.