¿La vida comienza y termina con una asamblea constituyente?
En el Perú los centros de acogida residencial (CAR), más conocidos como albergues, que pueden ser públicos o privados, espacios de cuidado y atención integral a los niñas, niñas y adolescentes en estado de abandono o riesgo moral sin cuidados parentales, están en EMERGENCIA, se encuentran sobrepasados en su capacidad ante el crecimiento de poblaciones vulnerables a causa de la pobreza extrema, delincuencia, alcoholismo, drogas o en su caso, violencia de género que hace peligrar la integridad de los miembros del grupo familiar, al que se suman los huérfanos que va dejando el covid-19. En efecto, dichos centros se encuentran hacinados, ya no reúnen las condiciones para recibir a más personas, máxime los que administra el INABIF, su capacidad logística está tan desbordada que se ven en la necesidad de derivar a los vulnerables a albergues privados, con el consiguiente riesgo que esto acarrea, sino, veamos el caso presentado en octubre pasado que obligó la intervención del Ministerio de la Mujer y la DEMUNA en un albergue de Pachacamac administrado por particulares, al escucharse de su interior gritos estremecedores de niños que los vecinos llegaron a grabar una noche y lo dieron a conocer a la prensa y lo más reciente, la infame violencia sexual contra un niño internado en un CAR privado en Arequipa por parte de otros menores de edad, todo lo que es ya materia de investigación por parte del Ministerio Público.
Ante esta delicada situación, ¿el gobierno de Pedro Castillo qué hará de concreto a corto plazo para afrontarla?, ¿apelará a las comisiones? A la verdad en el país ya estamos hartos de “comisiones”, cada vez que hay un problema en el Estado, la único que se sabe hacer es nombrar “comisiones”, muchas con nombres inacabables y rimbombantes cuyas conclusiones o recomendaciones van a parar al escritorio de algún (a) burócrata o simplemente termina traspapelándose en el acervo documentario del propio sector.
Lo concreto, es que las causas que originan el aumento del número de niños, niñas y adolescentes y madres gestantes en estado de abandono o riesgo social, no se resolverán a corto ni mediano plazo, ¿que deben atenderse sí?, pero en paralelo urge adoptar la decisión desde el Ejecutivo que es el poder político que prioriza el gasto público y lo administra, de construir e implementar más de estos CARs que guarden a su vez todas las normas técnicas exigidas por Defensa Civil, no solamente en Lima, sino también en provincias y que se les asigne propuesto suficiente para su sostenibilidad en el tiempo, que pasa por asegurar la contratación y pago del “personal idóneo” que laborará en éstos. Todo lo demás es lírica. Háganse una desde el Gobierno o ¿la vida empieza y termina con una Asamblea Constituyente?
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