La violencia política y el riesgo de perder libertades en las democracias modernas
En las últimas décadas, el panorama político en América Latina y otros países democráticos ha estado marcado por un aumento en la violencia y el riesgo de vulnerar las instituciones democráticas. Desde los años 80, el asesinato de figuras políticas refleja la penetración del crimen organizado en los sistemas políticos y el debilitamiento de las democracias. Un caso emblemático fue el asesinato de Luis Carlos Galán en Colombia, quien en 1989, como candidato presidencial, prometió combatir las mafias del narcotráfico, pero fue asesinado en plena campaña, reflejando el poder de los cárteles en la era de Pablo Escobar.
Recientemente, Ecuador vivió una tragedia similar con el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial comprometido en la lucha contra las mafias. Su muerte en 2023 resuena con la historia de Galán, mostrando que, décadas después, el crimen sigue desafiando a los Estados. En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro sufrió un atentado en 2018 mientras hacía campaña. Aunque sobrevivió, el evento evidenció el riesgo que enfrentan los líderes en su intento por reformar sistemas infiltrados por el crimen.
Esta violencia no se limita a América Latina. En Estados Unidos, los asesinatos de Abraham Lincoln y John F. Kennedy marcaron hitos en la historia de la violencia política. En fechas recientes, el recientemente reelecto Donald Trump también fue blanco de amenazas y atentados, lo que refleja un peligro constante incluso en democracias avanzadas.
En países como México, la violencia afecta a líderes locales; en el reciente ciclo electoral, México vivió uno de los periodos más violentos de su historia, con asesinatos de figuras públicas como Alejandro Arcos. Este ambiente genera una creciente inseguridad y temor, no solo entre los candidatos, sino también entre la ciudadanía, que se siente cada vez más vulnerable.
En este contexto, países como El Salvador han adoptado medidas controvertidas para combatir el crimen, a menudo cuestionadas por sus implicaciones en las libertades individuales. Así, el desafío actual no es solo mantener la democracia, sino garantizar una segura protección a las figuras públicas. En Sudamérica, ejemplos como los de Perú o Ecuador, con altos índices de criminalidad e inestabilidad, reflejan una realidad en la que los ciudadanos deben elegir entre libertad y seguridad.
La pregunta que surge es si es posible construir sociedades verdaderamente libres cuando la violencia política y criminal acecha constantemente a la democracia.
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