La virtualidad en nuestro Congreso
Desde la pandemia COVID, múltiples países adoptaron sistemas de asistencia virtual para sus legisladores. Por ejemplo, Chile, Brasil, Argentina; incluso el Parlamento Europeo. Como también la modalidad híbrida: presencial y virtual, como es nuestro caso.
Por lo visto, ya no volveríamos a contar con la asistencia obligatoria de los parlamentarios en las sesiones del Pleno del Poder Legislativo. Desde la pandemia, seguimos el régimen de presencia virtual instituido por —y para— nuestros gloriosos padres de la patria, más por comodidad suya que por otra cosa.
En conclusión, la virtualidad legislativa garantiza continuidad institucional, eficiencia operativa, inclusión territorial y seguridad frente a emergencias. Países como Canadá, Chile y el Parlamento Europeo incluso han adoptado esquemas híbridos permanentes. Aunque en algunos casos, tanto el nivel intelectual como el didáctico de sus integrantes marcan una diferencia que atenta contra la obtención de los mismos resultados.
Es evidente que hay riesgos de seguridad, como la suplantación de identidades, la manipulación de los votos o hasta la vulneración del sistema; tampoco garantiza la buena calidad deliberativa, lo que puede limitar el debate profundo y complicar la negociación política. Asimismo, no todos los parlamentarios tienen acceso a tecnología adecuada y/o a una conexión estable. Finalmente, la población puede percibirla como una desnaturalización del Congreso.
Por otro lado, por experiencia, nuestra idiosincrasia genera desafíos propios. Empezando por su habitual falta de transparencia, por su limitada eficiencia y su casi nulo apego a la legitimidad institucional. Esto sin contar la intrínseca corrupción que campea entre nuestros representantes del pueblo. Estas infranqueables diferencias obligarían a reformar el Reglamento del Congreso para establecer criterios muy claros respecto a la asistencia virtual; garantizar la trazabilidad, autenticación biométrica y el debido control de quórum digital, así como definir qué clase de otras sesiones permitirían modalidad remota (comisiones, audiencias, votaciones críticas, etc.).
Aquello, sumado a una insuficiente capacidad técnica, jurídica y política de muchos congresistas, genera leyes ambiguas, mal redactadas, que vulneran principios constitucionales, producen desequilibrio de poderes y/o afectan la capacidad del Legislativo para controlar al Ejecutivo, induciendo al ciudadano a percibir al Parlamento no solo como un ente ineficiente, sino corrupto y desconectado del interés público, erosionando su confianza en el sistema democrático.
En consecuencia, si bien en muchos países del planeta la participación virtual de los legisladores en sus respectivos centros de trabajo es bien recibida y significa un aporte de eficacia y buena calidad de normas, lamentablemente esta no es nuestra realidad. Cuando menos, tomando en consideración la conducta de nuestros legisladores. ¡Porque la gran mayoría de ellos no merece este título! Tanto por su coeficiente intelectual como por la escasa disciplina que exhiben en su labor. Cosa que no ocurría con los congresistas que ocuparan nuestro Legislativo hasta finales del siglo pasado, donde las figuras parlamentarias —de derecha como de izquierda— brillaban por sus aptitudes intelectuales y méritos democráticos, como asimismo morales. En pocas palabras, la calidad de nuestro poder Legislativo ha decaído significativamente, y ello no se condice con el sistema de asistencia virtual.
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