La vivienda social en su laberinto
Hace poco más de 20 años, el Perú inició un programa de vivienda social que se convirtió en un modelo exitoso de política pública. Los programas Techo Propio, MiVivienda y MiBarrio, que a lo largo de estas dos décadas tuvieron una serie de variantes, consolidaron un modelo de producción privada y formal de viviendas gracias a una alianza estratégica entre sector público y privado, que inicialmente tuvo un blindaje a prueba de balas y mafias de corrupción.
El secreto del modelo radicó en un subsidio directo e indirecto a la demanda. Esto quiere decir darle al futuro propietario alternativas arquitectónicas y de precios que le permitan una elección libre de su futura vivienda, de manera que la construcción informal y el tráfico ilegal de terrenos no sean la única alternativa que tienen los peruanos de menores recursos para tener un hogar propio.
La fórmula Ahorro, Bono y Crédito (el ABC de la vivienda social) se convirtió en un multiplicador del número de viviendas ofertadas en el mercado y una supervisión eficiente del uso del subsidio, condicionado estrictamente a la compra de viviendas de interés social.
A pesar de este esfuerzo, el número de viviendas producidas en el Perú supera apenas las 50 mil unidades anuales, lo que sigue siendo insuficiente para reducir el déficit habitacional del país que, cuantitativa y cualitativamente, supera el millón y medio en todo el territorio nacional.
Si quisiéramos reducir efectivamente al menos el déficit cuantitativo, que son aproximadamente un millón de viviendas, necesitaríamos producir por lo menos 150 mil unidades por año, para que en 10 años podamos equilibrar la balanza a favor de los peruanos que necesitan una casa propia.
Hoy, la furia de la naturaleza nos da una nueva oportunidad para retomar esta política nacional de vivienda, donde el protagonismo del Estado es fundamental, como principal activador de la generación de viviendas sociales en el país.
Por un lado, para identificar y negociar la habilitación de terrenos que puedan ser subastados al sector privado con la condición de producir más vivienda social en suelo peruano. Y por otro, incrementando el presupuesto asignado a los subsidios para tener cubierta la demanda de viviendas que seguirá subiendo cada año.
El sector privado está dispuesto y listo para dar este gran salto. Capacidad de inversión existe en el sector inmobiliario.
Solo falta decisión política desde el Estado, para poner en marcha nuevamente este círculo virtuoso de la vivienda social, que al activarse resuelve además problemas en la salud y la calidad de vida de los peruanos. Si a ello le sumamos la simplificación administrativa en gobiernos locales para promover la construcción de más vivienda social, el reto es simplemente hacer que ocurra. ¿Qué estamos esperando?
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