La vivienda y el final de la dictadura municipal

El déficit habitacional en Perú es descomunal; es imperativo disminuirlo si se aspira a ser país miembro de la OCDE. Según datos de 2021 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el déficit asciende a 1 millón 124 mil 440 viviendas, cifra que representa el 11,2% de los hogares. Una realidad que se revierte con determinación y políticas proactivas impulsadas por el Estado y el dinamismo del sector privado.

Obviamente, financiándolas a través de bancos y cajas de ahorros para así recuperar lo invertido en cuotas mensuales, bajos intereses y largos plazos. Es prioritario que la construcción de unidades básicas de vivienda esté bajo responsabilidad del Estado. En cuanto a viviendas en edificios lo apropiado es el papel de la empresa privada. Ésta corre con un porcentaje de la financiación, otro lo ponen los bancos y se completa el empréstito con la cuota inicial del futuro propietario.

En teoría diseñar, tramitar, financiar, construir, colocar las casas o departamentos habitacionales, es muy sencillo. La práctica es distinta porque la tramitología burocrática acentúa su naturaleza compulsa, y los obstáculos aparecen, desaparecen y de nuevo surgen otros. Un círculo vicioso de nunca acabar y una gestión que se completa de tres a cinco años. En esta telaraña de legalidad, ordenanzas y más, intervienen el Congreso, los ministerios de Vivienda, de Cultura y con responsabilidad directa las municipalidades.

Lo incomprensible son las contradicciones que afloran en la hora de interpretar y aplicar las normas. A este factor, se suman las municipalidades que cocinan una serie de trabas que, sumadas a las del Ministerio de Cultura, imposibilitan ejecutar proyectos habitacionales o edificaciones de otra naturaleza. Claramente esto sucede donde hay áreas arqueológicas que son declaradas patrimonio cultural. Desde luego que estas determinaciones se respetan, pero consideramos que no es razonable incluir en tales denominaciones contornos enormes y zonas periféricas que bien podrán ser útiles en un contexto armónico de paisaje urbano y preservación de interés histórico.
Por otra parte, la falta del servicio de agua potable y alcantarillado –que está en manos del Estado–, es otro factor que entorpece cerrar el déficit habitacional. A diferencia de este servicio público, el de electricidad, operado por manos privadas, se extiende hasta lejanas áreas urbanas.

En este contexto el Gobierno ha solicitado al Congreso facultades extraordinarias para legislar sobre medidas que dinamicen la obtención de una licencia de edificación. Se busca simplificar plazos, de obligatorio cumplimiento por los municipios; establecer el Órgano Técnico Revisor, que tendrá la última palabra ante todo tipo de observaciones. Esta instancia estaría integrada por un delegado de los colegios de Ingenieros, de Arquitectos y del Ministerio de Vivienda. Se pretende así evitar la dictadura municipal y en paralelo relanzar los planes de desarrollo urbano por años detenidos.

Hay, pues, necesidad de acortar el déficit habitacional y de esa manera cumplir con uno de los derechos básicos del ser humano reconocido internacionalmente: el contar con una vivienda adecuada.

*Ex Decano Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú

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