La vocería oficial debe decir la verdad

Es un derecho de la ciudadanía estar suficientemente informada por parte de su autoridad gubernamental, pero con datos y afirmaciones que sean el reflejo de la realidad, es decir, las cifras y comentarios que en voz alta se dejen escuchar por parte de quienes ejercen el poder político, en todos los niveles, debe caracterizarse por ser verdaderas. De lo contrario, se puede considerar que la mala costumbre que a veces existe en las relaciones interhumanas, en aplicar el criterio de “miente, miente, que algo queda”, inaceptablemente, también se usa como medio de conducta de quienes tienen en sus manos la administración del Estado.

La difusión de información no exacta o distorsionada por parte de quienes se desempeñan como analistas o comentaristas en determinados temas o asuntos en particular, puede ser, hasta cierto límite aceptada, por cuanto el enfoque que oriente el análisis de quienes se dicen “especialistas”, como es usual, puede tener la intención de generar un determinado efecto en la conciencia ciudadana.

Pero, lo que no debe aceptarse es que, de la misma forma se comporten quienes están en la obligación de informar con la verdad. Pues, si se proporcionan datos o se hacen afirmaciones que no se puedan verificar, con la evidente intención de adquirir legitimidad de la población, cuando esta última se dé cuenta del engaño, como es lógico, tendrá una conclusión totalmente desfavorable para la autoridad respectiva.

La democracia no sólo como forma de gobierno, sino como forma de vida política, implica que la relación gobernantes y gobernados sea fluida dentro del marco de la verosimilitud. Pues, así como se le exige a la población que, cuando reclame o proteste lo haga dentro de los parámetros establecidos por las normas jurídicas vigentes, de igual manera hay que exigirle a la autoridad que ejerce poder político, especialmente al Ejecutivo y al Legislativo, cuando informe, lo haga respetando a quienes gobierna.

Al pueblo no se le puede ni debe mentir; hay que gobernarlo con la verdad. Una autoridad o gobernante que miente corre el riesgo que el pueblo no le obedezca y, además de perder legitimidad, produce desconcierto en el común de las personas. De llegar a ese estado de cosas, el sistema democrático está en peligro.

Así como la institucionalización de la democracia tiene en la cultura política del pueblo uno de los medios más eficaces para conseguirlo, el uso de la información con la verdad es el instrumento que debe acompañar a la educación ciudadana. Ello, en consideración que no se le puede exigir a la población que actúe en el sentido que sus gobernantes desean, si quienes gobiernan no son creíbles por lo que hacen o dicen.

En ese sentido, hay que llamar la atención a quienes actúan como voceros auténticos de quienes tienen a su cargo el manejo de la cosa pública que, hay asuntos o temas que, por su contenido, pueden producir especulación en el tratamiento de la información, pero en lo concerniente a la economía no hay forma que la información que se proporcione tenga esa misma característica. Pues, los “números no mienten”.

Además, a la percepción ciudadana que resulta de la forma cómo siente el funcionamiento de su diario vivir, no se le puede engañar. La verdad es una sola. Hay que trabajar y actuar conforme a esa verdad, para obtener resultados valederos que permitan ir en camino a la solución de cada uno de los problemas que afectan a la población nacional.

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